Las fiscalías anticorrupción empezaron la semana pasada una investigación de oficio para determinar si hubo irregularidades en la utilización de los fondos asignados a municipios y juntas comunales, tras una serie de publicaciones aparecidas en La Prensa.
Un informe del Ministerio Público revela que se solicitó a la Contraloría General de la República, a cargo de Gioconda Torres de Bianchini, una auditoría de los fondos asignados a estas instituciones, a fin de determinar el comportamiento y utilización de los mismos.
El documento revela que esta solicitud se hizo ayer lunes 16 de junio, correspondiente a los períodos 2004 a 2009 y 2009 a 2014.
“El ´audito´, además, deberá establecer el patrón de conducta en la asignación, comportamiento y utilización de los fondos, bienes o valores otorgados y si estos se ajustaron o no a las normas que rigen las normas generales de administración presupuestaria”, destaca.
Precisamente ayer, en horas de la mañana, fiscales anticorrupción se reunieron con la procuradora general de la Nación, Ana Belfon, para rendirle un informe sobre la investigaciones iniciadas sobre estos casos.
Este proceso quedó en el despacho del fiscal cuarto anticorrupción, William Parodi, que se encontraba de turno.
Entre 2013 y 2014, se transfirieron 76 millones de dólares en concepto de partidas a 113 juntas comunales y 20 municipios para uso de los diputados, revelan documentos del Ministerio de Economía y Finanzas.
El municipio que más fondos públicos administró fue el Río de Jesús, en la provincia de Veraguas. Allí se depositaron 8.2 millones de dólares, a pesar de que esa alcaldía es dirigida por Humberto Sánchez, del opositor Partido Revolucionario Democrático. Sánchez admitió que por administrar esos fondos cobró una comisión de “solo 5%”, es decir, unos 376 mil dólares.