Por considerar que no se comprobó que había incurrido en blanqueo de capitales, el Segundo Tribunal de Justicia confirmó un sobreseimiento definitivo al expresidente Ernesto Pérez Balladares (1994-1999) y otras 13 personas en el proceso que se les seguía por el caso Lucky Games.
La sentencia del pasado 30 de agosto, firmada por María de Lourdes Estrada, (ponente), Adolfo Mejía y Secundino Mendieta, avala la decisión del Juzgado Noveno Penal del 29 de abril de 2011, que ordenó el sobreseimiento definitivo.
Además de Pérez Balladares, el fallo beneficia a Ricardo Alberto Caputo, Roosevelt Lito Thayer Galindo, Enrique Alberto Pretelt Araúz, Vicente Abdiel Calderón Martínez, Rómulo Abad Coute, Tomás González De La Barrera, Saideth Del Carmen Ortiz Chávez, Henry Mong Woo, Carlos Eduardo González Carrasquilla, Eyda Achón Quesada, Jaime Eduardo Espino Díaz, Jenifher Eleyda Espino y James Tobiasson.
Todo empezó cuando en 2009, el Ministerio Público investigó a Pérez Balladares y a las otras 13 personas a raíz de que Lucky Games, empresa que obtuvo una concesión directa para operar 500 máquinas tragamonedas en la gestión del perredista, enviaba dinero de manera periódica y sin justificar a Shelf Holding Inc., sociedad ligada al exmandatario.
Según los magistrados, “el delito precedente que fue objeto de estudio en el presente proceso judicial, (..) fue decretado su archivo debido a que los hechos investigados en ese momento habían sido juzgados anteriormente, aunado a que había pasado tiempo en demasía para ser dirimidos, desde que se otorgaron las concesiones, no siendo viable judicialmente su escrutinio para configurar el delito de blanqueo de capitales.”
En 2011, el Juzgado Noveno Penal ordenó el sobreseimiento definitivo del caso, pero la fiscalía apeló y el Segundo Tribunal ordenó el archivo en 2012. Esta decisión fue objeto de una casación, pero un fallo de 2015 de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que resolvió el recurso, consideró que la decisión del Segundo Tribunal era nula, pues fue firmada por un magistrado al que no le correspondía conocer el expediente. Por eso el expediente fue devuelto al Segundo Tribunal que emitió el fallo el pasado 30 de agosto.
A juicio de Maribel Jaén, de la Comisión de Justicia y Paz, esta sentencia confirma la percepción que tiene la ciudadanía de que los grandes casos relacionados con corrupción quedarán impunes. “Se requieren magistrados independientes, y jueces que sean producto de una carrera judicial. Hay que promover la ética en todos los funcionarios”, añadió.