La procuradora, Ana Belfon, aseguró que en Panamá se hace uso excesivo de la detención preventiva, lo que genera situaciones de hacinamiento en las cárceles, y por ello solicitará a los funcionarios de instrucción que el arresto sea la última medida que se disponga contra un investigado.
Belfon detalló que Panamá se encuentra en mora en el cumplimiento de acuerdos internacionales en cuanto a la protección de los derechos humanos de los detenidos.
Dijo que la próxima semana hará un llamado a los fiscales y personeros para que se disponga de la aplicación de los mecanismos de resolución de conflictos.
Consideró que en casos de poca gravedad, la detención preventiva es el último de los recursos que se debe aplicar.
Según la funcionaria, en las cárceles nacionales hay una constante violación de los derechos humanos de los reos, ya que están sometidos a condiciones de hacinamiento y falta de atención de salud.
Añadió que si bien existe cierto avance en cuanto a la construcción de nuevas cárceles, esto no es suficiente para acabar con el hacinamiento.
Belfon explicó que existe un severo problema de hacinamiento.
Organizaciones de la sociedad civil, como Alianza Ciudadana pro Justicia y Justicia y Paz, presentaron en octubre de 2013 un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el que denuncian las graves violaciones en materia de derechos humanos que se cometen en las cárceles.
Según cifras de la dirección del Sistema Penitenciario existen 14 mil 791 personas detenidas, y de estas, un 67% se encuentra a órdenes del Órgano Judicial en espera de juicio o sentencia.
Mientras que un 5% está a órdenes del Ministerio Público en fase de investigación.
En la actualidad, el Gobierno se encuentra en la fase final de la construcción de la nueva cárcel de La Joya, a un costo de 158 millones 125 mil dólares. La obra se debió entregar en septiembre de 2013.