Grupos de la sociedad civil organizada protestaron ayer, debido a las demandas interpuestas por empresarios o servidores públicos contra los defensores de derechos humanos del país.
Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, indicó que pedirán una audiencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
PROTESTA POR 'ACCIONES INTIMIDATORIAS'
Indignación. Esa fue la palabra con la que definió Max Crowe, presidente de la Asociación de Residentes de Albrook, la acción de secuestro de sus bienes la semana pasada luego de denunciar que propietarios de una escuela privada violaron las normas de uso de suelo del área.
De hecho, el Municipio de Panamá le dio la razón a la organización de vecinos de Ancón cerrando el centro de enseñanza particular.
Crowe fue uno de los activistas que participó ayer de una protesta en el parque Porras, en Calidonia, debido al incremento de denuncias y demandas por parte de empresarios o servidores públicos contra defensores de derechos humanos.
Para el residente de Albrook, definitivamente con ese tipo de acciones se busca “doblegar” la voluntad de los denunciantes y sus familias.
Otro de los casos que se dio a conocer esta semana fue la demanda civil que presentó por medio millón de dólares el diputado del Partido Panameñista Luis Barría contra la presidenta de la Red Ciudadana Urbana de Panamá, María Chávez, tras señalar que el servidor público tenía concesiones mineras en Panamá norte y presuntamente impulsa la creación de una nueva alcaldía en esa zona del país.
Esto motivó la manifestación de varias organizaciones como la Alianza Ciudadana Pro Justicia, la Red Ciudadana Urbana de Panamá, la Asociación Ambiental de Residentes de Coco del Mar y la Asociación de Residentes de Albrook.
En la convocatoria, la Alianza Ciudadana planteó que los empresarios, firmas de abogados y jueces no deben prestarse para este tipo de “acciones intimidatorias” contra los activistas y ciudadanos que solo buscan defender sus derechos y que se respeten las normas urbanísticas o ambientales.
“Si las instituciones nacionales y municipales funcionaran haciendo cumplir la ley, ningún activista, ciudadano o defensor de derechos humanos estaría expuesto a este tipo de denuncias o demandas que solo agravan su sufrimiento y sentimiento de desprotección”, señaló en una nota.
Para Magaly Castillo, representante de la Alianza Ciudadana, es “inquietante” cómo estas denuncias y demandas están cobrando fuerza en el país.
Castillo informó que en octubre solicitarán una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para discutir este tema. Precisamente, en marzo de este año, la primera vicepresidenta de este organismo internacional, Margarette May Macaulay, recomendó al Estado panameño mantener “consultas periódicas” con las organizaciones de la sociedad civil por este asunto.
Además de los casos de Crowe y Chávez están otros, como la demanda a varios residentes de Coco del Mar, en el corregimiento de San Francisco, por Inmobiliaria G.S. del Mar, S.A., del Grupo Suárez, empresa responsable de la construcción del edificio Wind Rose.
La empresa Minera Cerro Quema también demandó al ambientalista y experto forestal Basilio Pérez. Mientras que a residentes del P.H. Crystal les secuestraron la administración del edificio tras quejarse que propietarios de un penthouse en el nivel 15 del inmueble ponía en riesgo la seguridad y tranquilidad de varias familias.