El pasado 1 de julio, Octavio Del Moral, en representación de la República de Panamá, presentó ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia las solicitudes de terminación de los procesos de nulidad contra los contratos suscritos con el conglomerado Finmeccanica.
Las solicitudes presentadas por Panamá son parte del acuerdo firmado con las empresas italianas Selex, AgustaWestland y Telespazio, que ponen fin a una serie de disputas comerciales y jurídicas por irregularidades en los contratos para la compra de radares, helicópteros y un mapa digital, suscritos en el gobierno del presidente Ricardo Martinelli.
Según los términos del acuerdo, el Estado y Selex darán por terminado, por mutuo acuerdo, el contrato para la instalación de un sistema de radares.
Selex procederá al retiro de los radares vendidos al Estado, por tratarse de equipos “inadecuados” para las necesidades de seguridad del país. Panamá quedará liberada del pago a la empresa de 58 millones de euros y, además, recibirá de vuelta 29 millones de euros, en la forma de un crédito.
Además, la República de Panamá obtendrá, a título gratuito, un helicóptero ambulancia valorado en más de 8 millones de euros, en retribución por lo que el Gobierno ha calificado como “un sobreprecio inaceptable” que estaba incluido en los contratos originales.
La acción presentada a la Sala Tercera consiste en la petición del levantamiento de las medidas cautelares y la declaratoria de sustracción de materia del contrato firmado con Selex en 2010 por el entonces ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, toda vez que ambas partes han acordado darlo por terminado.
Según la acción de Del Moral, “como consecuencia de la suscripción de estos acuerdos, Panamá será debidamente compensada por las empresas italianas”.
También fue presentada la solicitud de desistimiento de la demanda de nulidad, así como el levantamiento de las medidas cautelares dictadas por la Sala Tercera en el contrato suscrito con Telespazio para el suministro de un mapa digital.
Las partes acordaron una adenda al contrato originalmente firmado por el exministro José Federico Suárez, mediante la cual se otorgan nueve meses adicionales para permitir que se concluyan los trabajos que se encuentran culminados en un 80%.
La presentación ante la Sala Tercera es el último requisito para que entren en vigencia los acuerdos alcanzados con el conglomerado italiano, luego de que estos fueran aprobados por el Consejo de Gabinete y que, por tratarse de una transacción del Estado, recibieran el concepto favorable de la procuradora general de la Nación.
El contralor general, Federico Humbert, refrendó los acuerdos el pasado 1 de junio.