La documentación del acuerdo comercial entre el Estado y Finmeccanica, de más de 800 páginas y 13 kilos de peso, que pone fin a las desavenencias legales tras la firma de contratos con sus filiales Selex, AgustaWestland y Telespazio, fue remitida a la Contraloría de Panamá esta semana.
Los términos de la resolución contemplan la suspensión del contrato suscrito con la filial de Finmeccanica, Selex, por la compra de un equipo de 19 radares en razón de su inutilidad para la lucha contra el narcotráfico. Panamá queda liberada de saldar la cuenta de 38.8 millones de euros restantes y la empresa se compromete a retirar los 12 equipos no instalados y a reconocer al Estado un crédito de 29 millones de euros. Además, Selex entregará a Panamá el sustento por las obras civiles realizadas, así como los gastos que asumió -bajo petición del anterior Ejecutivo panameño- para la reparación de cinco de las seis lanchas donadas por Italia.
Por otro lado, Panamá recibirá, en los próximos meses, un helicóptero ambulancia nuevo cuyo valor aproximado es de 8.1 millones de euros como donación de la empresa para remediar las comisiones que en el origen del contrato fueron pactadas en favor de la sociedad anónima Agafia Corp.
Por otra parte, el contrato con Telespazio tendrá una adenda que alargará el plazo de los trabajos para la instalación de un mapa digital del territorio nacional de nueve meses, con la adición de un sistema de mapeo por radar así como la instalación de un centro de procesamiento de imágenes en el Instituto Geográfico Tommy Guardia. Durante las negociaciones Panamá y la adjudicataria resolvieron cancelar el esquema de financiamiento internacional con el banco Citibank pactado originalmente que permitirá el ahorro en concepto de línea de crédito bancaria e intereses de cerca de 3 millones de euros.
Los enredos de Mulino
Desde el pasado 21 de abril -cuando le cambiaron la medida cautelar a un régimen de país por cárcel- el exministro de Seguridad Pública de Panamá José Raúl Mulino, privado de libertad desde septiembre por la acusación de malversación de bienes del Estado, pasea por los platós de las principales televisiones del país su discurso maniqueo con el que trata de evadir su responsabilidad.
En una entrevista del 22 de abril en Telemetro, Mulino volvió a defenderse, aduciendo que él solo firmó los contratos con Finmeccanica: “Yo estuve seis meses preso por haber firmado un contrato con la autorización del Consejo de Gabinete en función de una decisión de Estado”, arguyó.
Sin embargo, el que fuera titular de la cartera de Seguridad Pública olvidó nuevamente mencionar las responsabilidades que le exigen la Constitución y la ley, la opacidad en el negociado de las compras, las prisas en la firma de los contratos que iban a costarle al Estado 200 millones de dólares, y su connivencia ante el escándalo del pago de comisiones a Agafia Corp. que habían destapado los fiscales italianos.
Mulino, que en poco más de un mes negoció, analizó y justificó ante el Gabinete la solidez de dos contratos extremadamente complejos técnicamente, que suponían la implementación de un supuesto sistema integrado de seguridad que debía proteger las fronteras de Panamá del narcotráfico, sigue hoy defendiendo su actuar: “los radares funcionaban como testificaron los funcionarios del Servicio Aeronaval”, aseguró en Telemetro.
“Los radares están instalados y funcionaban. La idea del Gobierno era no darles el mantenimiento que necesitaban, pero solo había que calibrarlos para poder tener un todo integrado”, comentó en otra ocasión.
Pero esa afirmación carece de sustento porque no se hizo un estudio previo del producto, ni se tuvieron pliegos de referencia que avalaran la compra ni se compró a través de una licitación que pusiera las bases de un concurso público transparente. Ni siquiera se le pidió opinión al Servicio Aeronaval sobre la conveniencia de adquirir un sistema de radares fijos con lo cual el Estado ha sufrido una lesión patrimonial que estos acuerdos buscan disminuir.
De hecho, con el retiro de los radares de parte de los italianos queda en mayor evidencia su responsabilidad. Y si el desmantelamiento del sistema de vigilancia en sí no fuera suficiente, en los documentos firmados por las partes dice textualmente que los equipos contratados por Mulino eran “inadecuados” para las necesidades de seguridad del país.
Otro de los vacíos en la defensa de Mulino es que para operar el sistema de los radares eran necesarias más de 900 personas lo cual suponía que, en adición a los 125 millones de dólares que había que pagarle a Selex, había que sumar un gasto de unos 10 millones de dólares al año en nuevo personal.
Las acusaciones por malversación de bienes del Estado hechas por la fiscal tercera Anticorrupción, Zuleyka Moore, (distintas al delito de corrupción que Mulino suele autorreferenciarse en sus apariciones públicas cuando alega que se comprobó que no recibió coima) encuentran respaldo con este acuerdo.
No solo queda evidenciada que la adquisición que hizo de un sistema de vigilancia incapaz de detectar las lanchas pequeñas utilizadas por el narcotráfico carecía completamente de sustento técnico, sino que sale a la luz que el precio pactado en los contratos tenía un sobreprecio. Las empresas italianas, además de anular el contrato con Selex, han reconocido explícitamente la existencia de una comisión a Agafia Corp. y han accedido a retribuirle a Panamá el valor equivalente de ese porcentaje en la forma de un helicóptero ambulancia.
En otra entrevista concedida a TVN, el exjefe de Seguridad hizo énfasis en que firmó un contrato con Selex “resultado de la ejecución de un Memorándum de Entendimiento Bilateral que negoció la Cancillería y que le permitió a Italia traer las empresas para contratar con el Estado panameño”.
Según Mulino, él solo obedeció a un mandato. Pero ese alegato de defensa es también falso porque el Memorándum de Entendimiento y Cooperación Técnica suscrito entre Panamá e Italia el 30 de julio de 2010 ni era de obligatorio cumplimiento, ni imponía la compra a Finmeccanica. Es decir, Mulino como titular del ministerio es el responsable de haber negociado, sustentado y defendido los contratos con los cuales obligó a la República de Panamá.