El acuerdo de pena por el que se condenó a 10 años de prisión al fotógrafo Eduardo Grimaldo, por violación de una menor de edad, se logró con el consentimiento de los familiares y para evitar que fuera revictimizada en un proceso judicial extenso.
Así lo explicó la fiscal superior de Litigación Temprana, Janina Muñoz de Aparicio, quien consideró que la sanción aplicada en este caso se ajusta a lo establecido en la ley.
La funcionaria explicó que en este tipo de procesos se debe pensar primero en la víctima y evitar que sea expuesta a nuevas situaciones traumáticas. Reveló, además, que en este caso también se tomó en cuenta la opinión de la menor.
La fiscal explicó que si el proceso hubiese continuado hasta llegar a la fase de juicio, la víctima habría tenido que rendir testimonio, y con el acuerdo de pena alcanzado se evitó esta situación.
Expresó que fue una salida alterna al conflicto.
“Hay que tomar en cuenta que en los acuerdos de pena no solo se toma en cuenta la gravedad del delito, sino que se escucha la petición de la víctima”, aseguró.
Muñoz de Aparicio recalcó que este caso se manejó de una manera muy discreta por parte del Ministerio Público, para evitar que la parte afectada fuera expuesta y sufriera aún más.
Informó que en estos momentos la menor de edad está bajo tratamiento psicológico para minimizar las secuelas que le puedan generar las situaciones a las que estuvo expuesta.
Sobre el proyecto de ley 584, que aumenta las penas por casos de violación, la fiscal de Litigación Temprana manifestó que aún está pendiente de sanción del presidente de la República.