Acumulan las denuncias por pagos a ´diablos rojos´

Aún la Fiscalía no ha ordenado indagatorias en este proceso, debido a que la Contraloría de la República no ha remitido una auditoría final.

Acumulan las denuncias por pagos a ´diablos rojos´
La Fiscalía ya realizó mil 400 inspecciones a buses que fueron compensados. LA PRENSA/Archivo.

El Juzgado Octavo Penal ordenó la acumulación de las ocho denuncias presentadas por el pago irregular de unas 400 compensaciones dadas a propietarios de buses “diablos rojos”, una vez entró en funcionamiento el sistema Metro Bus en diciembre de 2010.

En febrero pasado el fiscal William Parodi solicitó al Órgano Judicial le acumularan estos procesos, debido a que todos guardaban relación a las compensaciones dadas a propietarios de buses de transporte colectivo.

Otras de las razones por la cual Parodi pidió la acumulación, es porque la Contraloría remitió un informe de auditoría preliminar, en la que se destaca que 400 de las compensaciones otorgadas por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) tienen ciertas inconsistencias.

Sin embargo, aún la Contraloría no ha remitido la auditoría final sobre el particular, para que la Fiscalía a cargo de Parodi determine si se está ante irregularidades y de un posible delito de lesión patrimonial. Ya la oficina de instrucción realizó mil 400 inspecciones a buses que fueron compensados para de esta manera determinar cuáles calificaban para las compensaciones y cuáles no.

Las denuncias

Estas investigaciones empezaron tras denuncias presentadas por transportistas, al observar buses compensados que no pertenecían a las rutas en las que decían haber operado.

La primera de las denuncias se presentó en marzo de 2011 por funcionarios de la ATTT y el entonces ministro de la Presidencia Demetrio Papadimitriu. Otras seis se presentaron en esta misma fiscalía.

Un octavo proceso lo maneja la Fiscalía Tercera Anticorrupción, seguido por la posible lesión al Estado por más de 700 mil dólares en compensaciones ilegales, contra 16 transportistas y 2 funcionarios, entre estos el titular de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega, quien fuera director de la ATTT. Debido a que Fábrega es funcionario con mando y jurisdicción a nivel nacional, este caso fue remitido al despacho superior de la Procuraduría de la Nación, allí se le eximió de cualquier culpa.

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