Mientras los gobiernos de Venezuela y Panamá se acusan de corrupción por la deuda que mantiene Venezuela con empresarios de la Zona Libre de Colón (ZLC), el país debe esperar por el canciller Francisco Álvarez De Soto, que regresa hoy de Chile, para conocer las medidas de retorsión que se aplicarán a la administración de Nicolás Maduro.
Sensitivos detalles salieron a la luz pública cuando Elías Jaua, jefe de la diplomacia venezolana, denunciara un “90% fraudulento” en esas transacciones.
Tras las acusaciones, figuras como el ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, y el gerente de la ZLC, Leopoldo Benedetti, han revelado datos que ponen en duda el proceder de empresarios y funcionarios panameños y venezolanos.
Ante ello, Severo Sousa, directivo de la Asociación de Usuarios de la ZLC, manifestó que gracias al documento de Movimiento Comercial Electrónico, implementado desde hace años, se “supervisan y garantizan demasiado bien las transacciones reales que se realizan dentro de la ZLC”.