Defensores de derechos humanos presentaron ayer ante la fiscalía una denuncia penal contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, por la muerte de 63 personas, según las últimas cifras cotejadas por organismos de derechos humanos, durante la ola de protestas que desencadenaron violentos enfrentamientos en el país.
Álvaro Leiva, secretario de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh), presentó la denuncia contra Ortega, su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, la jefa de la Policía Nacional, Aminta Granera, y autoridades policiales de las localidades donde fueron reprimidas las protestas.
La acción presentada por la Anpdh junto a la Comisión Permanente de Derechos Humanos, responsabiliza a las autoridades por los muertos, heridos y desaparecidos de las protestas.
Leiva explicó que la acción presentada ante el Ministerio Público insta también a la Asamblea Nacional (congreso) a levantarle la inmunidad a Ortega y a los otros acusados para que puedan enfrentar la denuncia en los tribunales.
El parlamento nicaragüense está ampliamente dominado por legisladores afines al gobernante Frente Sandinista, de Ortega, por lo cual es poco probable que acceda a levantar la inmunidad al presidente y sus allegados.
La represión de las protestas iniciadas la semana pasada contra una reforma a la quebrada seguridad social del país despertó fuertes condenas internacionales.
Ayer se incrementó el número de fallecidos durante las jornadas de protesta a 63, según la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH). El Gobierno no se había pronunciado ayer sobre la cifra. El director de la CPDH, Marcos Carmona, informó que además, tienen registro de, al menos, 15 personas desaparecidas.