A principios de 2016, el obispo Salvador Rangel se internó en la peligrosa sierra del estado mexicano de Guerrero con una misión: salvarle la vida a un sacerdote de la zona que, por predicar contra el narcotráfico, se ganó la enemistad de un capo.
Guiado por hombres armados, el religioso de entonces 70 años subió las escarpadas montañas y convenció al poderoso narco de que le perdonara la vida a su colega diciéndole que, de no hacerlo, se enemistaría con el pueblo y atraería al Ejército.
Desde entonces, Rangel se ha reunido varias veces con ese y otros capos buscando pacificar Guerrero, que el año pasado registró un promedio de seis homicidios dolosos al día, la mayor tasa del país de acuerdo con cifras oficiales.
La cruzada del franciscano ha remecido los cimientos de la estrategia oficial de combatir la narcoviolencia con las armas y, en el camino, le han llovido abundantes críticas.
“Les he pedido que procuren no asesinar, no secuestrar, no extorsionar a las personas”, dijo Rangel a Reuters en la sacristía de una iglesia de Chilpancingo, capital de Guerrero, en el suroeste del país. “Afortunadamente han respondido”.
Desde que inició los diálogos con los narcos y líderes de la delincuencia organizada, Rangel dijo que pararon los asesinatos de religiosos al menos en su diócesis que, además de Chilpancingo, incluye a la cercana y también violenta ciudad de Chilapa. Pero los políticos siguieron cayendo.
Andrés Manuel López Obrador, el vencedor de las elecciones presidenciales, fue uno de los pocos personajes públicos que respaldó al obispo, a quien conoce en persona.
En las mismas montañas donde Rangel predica, López Obrador propuso una amnistía para quienes han sido obligados -por la fuerza o la pobreza- a sembrar o transportar drogas y para los bajos rangos dentro de las organizaciones criminales, después de años de un combate frontal que no logró controlar la violencia.
Esos 5 millones de personas, según estudios, se someterían a un proceso de justicia transicional similar al que se implementó en Colombia con la guerrilla de las FARC, en lo que sería la apuesta más riesgosa y compleja que podría tomar López Obrador en su mandato.
Crimen organizado
A pesar de haber arrestado a varios capos y desarticulado grandes carteles, la violencia no da tregua: desde 2006 ha dejado más de 235 mil muertos.
López Obrador tras obtener un abrumador triunfo insistió en que cambiará “la estrategia fallida de combate a la inseguridad y a la violencia (...) atenderemos las causas que las originan: combatiendo la desigualdad y la pobreza”.