La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) admitió ayer la acción de reclamo del consorcio Centralvías EP, en el proceso de licitación del Municipio de Panamá para la construcción de aceras, estimado en $99.5 millones.
Centralvías EP, integrado por las empresas Conalvías, de Colombia; y Centralmix S.A., de Panamá, el pasado 24 de marzo refutó un informe de la comisión evaluadora del proyecto que le rebajó la calificación, pero la DGCP no admitió el recurso, porque no presentó el poder correspondiente.
Luego de subsanar el error en la resolución DF–218–2016, publicada ayer en PanamaCompra, el titular de la Dirección General de Contrataciones Públicas, Eduardo Corro, resolvió admitir la acción de reclamo y ordenó la suspensión del acto público.
OBJECIÓN
El consorcio cuestiona un informe de la comisión, argumentado que el pliego de condiciones indica que no se debía incluir en el precio de la obra los costos por adquisición de servidumbre.
Señala también que esos costos incluyen “las afectaciones o cualquier elemento que componga un servicio público que deba ser integrado al proyecto o en caso de ser necesario reubicados en pro de un diseño urbano más eficiente y amigable con los peatones y usuarios”.
Todo surgió a raíz de que el alcalde de Panamá, José Isabel Blandón, solicitó revisar la propuesta de Centralvías EP la cual, en un informe de la comisión evaluadora del 15 de marzo, había recibido la calificación más alta, pero en el segundo documento se le rebaja puntos y le otorga la máxima calificación a Norberto Odebrecht, S.A., cuyos directivos son objeto de una investigación en Brasil, por corrupción sistemática en los países donde operan. Su presidente hasta diciembre pasado, Marcelo Odebrecht, fue condenado a 19 años y 4 meses de cárcel por corrupción y lavado de dinero.
Tanto la comisión evaluadora como el alcalde Blandón afirman que lo que propone Centralvías EP no es una indemnización, sino la compra de terrenos, que no está contemplado, y que la propuesta de esta compañía implicaría una inversión de, al menos, $20 millones adicionales.
Blandón había dicho que “nada en la Ley de Contrataciones Públicas actual descalifica a la empresa brasileña [Odebrecht] y a otras empresas para participar en actos de licitaciones por tener procesos pendientes en otros países”. El resultado de la decisión de la DGCP podría conocerse la próxima semana, según dijo a este medio el director de la institución, Eduardo Corro.