Negligencia, malos tratos y abandono de los adultos mayores son las principales denuncias atendidas en el Centro de Orientación de Atención Integral (COAI) del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
Un informe de la entidad indica que entre enero y junio de 2016 llegaron al COAI 236 denuncias por negligencia, 204 por maltratos y 145 por abandono.
Esta situación inquieta a la directora del COAI, Nira Atencio, porque esas cifras son el reflejo del estado de vulnerabilidad en que se encuentran miembros de este grupo poblacional del país.
Para Atencio, la desatención de los hijos para con sus padres muestra la descomposición familiar por la que pasa la familia, la cual se traduce en que nadie “quiere o puede atenderlos”.
Agregó que el descuido aumenta cuando el adulto mayor es dependiente, es decir, no cuenta con un ingreso económico; está encamado o la relación afectiva entre los hijos y sus progenitores no fue la adecuada, por ello no sienten el compromiso moral de darles los cuidados que requieren.
Las denuncias al COAI suelen hacerse por vía telefónica.
Incluso beneficiarios del programa 120 a los 65 han sido sido víctimas alguna vez. La directora de 120 a los 65, Aurora Carreiro, señaló que durante las visitas de seguimiento que hace a los beneficiarios de este programa y durante las ferias han encontrado adultos mayores en estado de vulnerabilidad.
Carreiro indicó que se trata de personas abandonadas o maltratadas por sus propios familiares.
Las funcionarias del Mides explicaron que al detectar a las personas en edad avanzada en estado de vulnerabilidad, coordinan acciones para protegerlos de manera integral con otras entidades del Estado, asociaciones cívicas y la sociedad civil para darles respuesta a sus necesidades.
Por su parte, la directora del Programa Nacional de Pensionados, Jubilados y la Tercera Edad de la Caja de Seguro Social (CSS), Tatiana Mandiche, afirma que por el momento no manejan cifras de adultos mayores maltratados, porque están a la espera de que otras instancias de la entidad se las faciliten.
Añadió que recientemente solicitaron esta información, porque necesitan conocer la realidad de esta población para planificar estrategias de prevención y promoción.
Agrega que esto es importante, debido a que actualmente la población de más de 60 años del país está entre el 9.2% y 10.6%, pero para 2020 será de 14% y para 2050 sería del 24%.
LA POBLACIÓN ENVEJECE
Las autoridades del Mides y CSS son conscientes de que deben tomar correctivos y acciones, ya que la población envejece de forma acelerada en varias regiones del mundo y Panamá no escapa de este proceso demográfico.
De hecho, un informe de este año de la Contraloría General de la República indica que si bien el incremento de las personas adultas mayores no se dará de manera inmediata en el país, hay que tomar medidas para afrontar este desafío en temas como salud y cobertura en seguridad social.
El documento plantea que la proporción de personas en edad avanzada de 60 años en Panamá comenzará a crecer a partir de 2020 y se espera que continúe su ascenso hasta alcanzar, aproximadamente, el 24% de la población total en 2050. Todo esto basado en estimaciones de la institución.
Por ejemplo, se precisa que si bien tanto hombres como mujeres mayores de 60 años aumentaran en términos absolutos y relativos, la población en edades avanzadas hacia 2040 sobrepasará el millón de personas y hacia el final del período de estudio, es decir 2050, se espera que alcance el 1.3 millones de habitantes.
PROTECCIÓN
Con miras a proteger ese grupo poblacional, el presidente Juan Carlos Varela sancionó el pasado jueves 4 de agosto la Ley 36, que establece la normativa para la protección integral de los derechos de las personas adultas mayores.
La norma, que fue impulsada por la Iglesia católica, universidades públicas, trabajadores sociales y jubilados organizados, entre otros sectores, fue presentada por la diputada Ana Matilde Gómez.
Entre otros beneficios para este segmento de la población, la norma estipula la reducción del 50% del costo del pasaje individual en el transporte público en el país; un descuento de 50% en la entrada a eventos, conciertos y actividades culturales.
Además de que es responsabilidad del Estado brindar, a través de entidades competentes, servicios de salud para las personas adultas mayores de manera que reciban atención en promoción, prevención, curación, rehabilitación y cuidados paliativos.
Igualmente, el Estado debe proporcionar los recursos financieros que mejoren su atención integral en un ambiente pleno respecto a su dignidad, necesidades e intimidad.