El Ministerio de Obras Públicas (MOP) ejecutará la fianza de cumplimiento en el contrato para la rehabilitación y ampliación de la autopista Arraiján - La Chorrera, un contrato adjudicado en la pasada administración a la empresa Transcaribe Trading (TCT).
La Contraloría General de la República remitió una nota al titular de la cartera de Obras Públicas, Ramón Arosemena, en la que recomienda solicitar la intervención de la compañía de seguros, “a fin de exigir que se concluyan los trabajos pendientes, se corrijan las deficiencias y la obra sea terminada a satisfacción conforme a los planos, especificaciones y calidad adecuada a la brevedad posible”.
La nota, firmada por el contralor Federico Humbert, advierte que si se encuentran deficiencias en el proyecto, “el no solicitar la ejecución de la fianza de cumplimiento antes de su vencimiento podría considerarse una lesión patrimonial”.
La Contraloría constató en un reporte de la Dirección Nacional de Ingeniería que en el proyecto existen “deficiencias y defectos en la rodadura de carpeta asfáltica, trabajos por concluir y múltiples reparaciones necesarias”.
Humbert explicó que a la entidad que dirige le corresponde asegurarse no solo del precio de las obras que se llevan a cabo, sino de la calidad de los productos que se usan para construir los proyectos que se entregan al Estado. “El Estado pagó por un proyecto con estándares de primera y no podemos aceptar ni recibir un producto de mediocre calidad”, destacó.
El ministro de Obras Públicas dijo ayer a este diario que desde que entró esta administración, en julio de 2014, se le pidió a la empresa que corrigiera las deficiencias encontradas. “A mí me llamó la atención la forma insegura en que se veía la carretera”, puntualizó.
Entre las deficiencias halladas por el MOP está el uso de una barrera de protección de jersey inadecuada. Según el pliego, la barrera debería ser continua, de manera que en un eventual impacto, el vehículo regrese a la calzada y no invada el carril contrario. Lo construido por TCT es, a juicio de Arosemena, una “solución temporal” que consiste en utilizar barreras prefabricadas fragmentadas y enganchadas entre sí por pernos y tornillos.
El MOP también detectó fallos en el asfalto y en la nivelación de la carretera. En caso de lluvia, el agua debe correr hacia los laterales de la vía, y no hacia el interior, como sucede, creando una película de agua en el carril por el que los autos circulan a mayor velocidad.
Dados los incumplimientos, el MOP remitió una consulta a la Contraloría, que dio como resultado la recomendación de ejecutar la fianza.
“Pasados dos años de esta administración, este contratista no ha podido terminar lo que el contrato establecía. El contralor hace una recomendación, que es lo que teníamos en mente, de ejecutar la fianza, ya que este contratista no ha dado señales de cuándo va a terminar la obra”, dijo Arosemena.
A pesar de los fallos detectados por esta administración, el proyecto había recibido la aceptación sustancial por parte del MOP el 18 de marzo de 2013, todavía durante el gobierno de Ricardo Martinelli.
Según explicó el MOP, la aceptación sustancial significa que la obra tiene suficiente avance para ser utilizada, pero no que se hubiese culminado el trabajo ni recibido a conformidad.
UNA DEFECTUOSA INVERSIÓN MILLONARIA
“Cualquier ciudadano que transite por esta autopista puede percatarse de las deficiencias en el trabajo que se hizo”, dijo el contralor, quien recordó, además, “que se trata de un proyecto que costó más de $160 millones al pueblo panameño y es inaceptable que ya presente baches y desprendimiento del asfalto”.
La obra fue adjudicada por el exministro de Obras Públicas Federico José Suárez a la constructora Transcaribe Trading por $152.5 millones. La orden de proceder fue entregada el 21 de septiembre de 2010 y el plazo inicial para rehabilitar y ampliar a seis carriles los 22 kilómetros de autopista era de 2 años y medio.
En distintas adendas se amplió el plazo de ejecución y también el monto del contrato, que se elevó a $161.8 millones.
De ese total, todavía están pendientes de pago $18.9 millones que el MOP no terminará de pagar, porque el trabajo no se ha ejecutado, afirmó Arosemena.
A esos recursos se unirá la fianza de cumplimiento de Aseguradora Global, que cubre un 25% del valor del contrato ($40.45 millones) para culminar el trabajo inconcluso de Transcaribe Trading.
El proyecto estuvo marcado por la polémica desde su génesis por su elevado precio. Ya en esta administración, un informe de la comisión de Infraestructura de la Asamblea Nacional estimó que en la obra había un sobrecosto de $63 millones. Es decir, a juicio de los ingenieros, el arquitecto y el economista que elaboraron el informe, lo que se contrató por $161.8 millones tenía un costo real de $98.8 millones.