A menos de un mes de que entre en vigencia el sistema penal acusatorio (SPA) en el Primer Distrito Judicial de Panamá, zona en la que se genera el 50% de los expedientes judiciales del país, el Órgano Judicial, el Ministerio Público y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) afinan sus estrategias para hacerle frente al nuevo modelo con un denominador común: el poco presupuesto.
Por ejemplo, el Imelcf, que tendrá un peso considerable una vez entre a regir el nuevo procedimiento penal, requiere de 300 peritos, pero solo ha podido contratar a 150.
El Ministerio Público, en tanto, postergó sus contrataciones para 2017.