Uno de los gobiernos locales que más avances tiene en el cumplimiento de la Ley 16 de junio de 2016, sobre justicia de paz, es el Municipio de Panamá, aunque le resta por nombrar a los 23 mediadores comunitarios.
Se trata de una figura contemplada en la norma cuya función es ayudar a las partes en conflicto a buscar posibles soluciones al problema, antes de la intervención del juez de paz, que reemplazó al corregidor.
Al respecto, Agapito González, jefe de la Dirección de Legal del Municipio de Panamá, expresó que para remediar la situación, en el transcurso de este mes se asignarán mediadores comunitarios de “manera interina”. Estas personas tendrán que haber pasado por un curso que ofrece sobre esta materia la Procuraduría de la Administración.
González señaló que esta acción les dará el tiempo “suficiente” para hacer la convocatoria y cumplir con los procesos fijados en la ley, es decir, “la selección y nombramiento de los mediadores que ocuparán el puesto de forma permanente, según el caso de cada corregimiento”.
González precisó que una vez se publique en Gaceta Oficial el acuerdo municipal 317, mediante el cual se crea la figura del mediador comunitario, se abrirá la convocatoria y las personas interesadas en ocupar el puesto podrán ser postuladas.
Desde el Ministerio de Gobierno, entidad encargada de supervisar que esta norma se cumpla, se informó que en el resto de los municipios del país –Colón, Darién y Panamá Oeste – aún se llevan a cabo los procesos para el nombramiento de los jueces de paz.
De acuerdo con esa entidad, el propósito de esta justicia es “reconstruir” las relaciones dentro de la comunidad cuando exista un problema entre residentes.
Según Carlos Lee, miembro de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, el nombramiento de jueces de paz interinos, falta de presupuesto e incluso instalaciones no adecuadas, han sido algunas de las anomalías detectadas desde el 2 de enero, cuando debió implementarse la justicia de paz en el Primer Distrito Judicial.
El próximo 18 de junio entra en vigencia esta ley en el resto del país. La puesta en marcha inicial de este proceso cuesta entre $6.5 millones y $10 millones.