Thelma Aldana: ‘El Estado fue cooptado’

El caso más grande de corrupción que lleva adelante el Ministerio Público de Guatemala arroja hasta hoy cinco investigaciones en curso y la probabilidad de que surjan otras, decenas de imputados, medio gabinete del expresidente Otto Pérez Molina en prisión y el convencimiento de que el Partido Patriota se organizó para incrustar una estructura criminal en el Estado y robar millones de dólares.

Así lo manifestó la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana, quien, además, confirmó que en el proceso denominado La Línea –que llevó a que la Asamblea Nacional le quitara, en 2015, la inmunidad al entonces presidente y que este renunciara y se presentara ante las autoridades–, la investigación está prácticamente concluida.

Aldana, quien hace algunos días, en el marco de un conversatorio sobre unas propuestas de reforma constitucional, lamentó el haber sido nombrada por el jefe de La Línea, también confirmó que producto de esta pesquisa ella está en la mira de grupos criminales. De hecho, la semana pasada se produjo el evento más reciente de amenaza a su seguridad, cuando un dron sobrevoló su residencia.

¿Cuánto se ha robustecido el caso presentado por el Ministerio Público contra el expresidente y la red?

Ha habido avances en lo que respecta a que hemos encontrado participación del expresidente de la República y la exvicepresidenta [Roxana Baldetti] en otros casos. La Línea resultó ser solo un punto de partida para llegar a un caso mayor, sorprendente, que le denominamos Cooptación del Estado Guatemalteco.

¿Por qué el nombre de Cooptación del Estado?

Porque se acaparó todo el Estado a través del Partido Patriota. De acuerdo con nuestras investigaciones, el partido del expresidente se criminalizó en campaña electoral, antes de asumir el poder, de tal manera que cuando el expresidente asumió en 2012 ya su partido tenía una estructura criminal que luego se organizó y se incrustó en el Estado.

Al presentar el caso en junio pasado, el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (Cicig) explicaron que investigadores financieros develaron un complejo esquema que detalló toda una maquinaria de lavado de activos diseñada para captar fondos durante la campaña electoral del Partido Patriota en 2011. Esta trama, indicaron, se diseñó después de perder las elecciones de 2007 y siguió funcionando durante el gobierno; no eran actos aislados de corrupción, sino una estructura criminal mafiosa.

¿De cuántos procesos paralelos hablamos?

La Línea, TCQ, el lago de Amatitlán, Cooptación del Estado y uno reciente que le llamamos La Coperacha. TCQ es la empresa portuaria de Guatemala que fue concesionada anómalamente a un grupo extranjero y que dentro del precio del negocio incluyeron $30 millones para entregar como coima al expresidente, a la exvicepresidenta y a otros funcionarios de la época. La Coperacha se llama así por hacer colaboración para algo y aquí era para entregarle regalos ostentosos al expresidente y por lo menos uno a la exvicepresidenta, un inmueble muy ostentoso en Honduras. Llegaron a extremos insospechados, los regalos que le daban al expresidente eran lanchas, aviones, mansiones y recolectaban en efectivo, sin acreditar el origen de esos fondos. El lago Amatitlán –en este no está el expresidente pero sí la exvicepresidenta– lo conocemos como el Agua Mágica [porque] ella dio a conocer a la población que había hecho una negociación de millones de millones de quetzales y que habían conseguido una fórmula mágica que iba a curar el lago, que está enfermo [contaminado]. De hecho, esa contratación es una de las que mayor indignación le causó a población porque la exvicepresidenta se subió a una lancha y fue a pasear por el lago con toda la prensa diciendo que con esa contratación el lago iba a salvarse, y luego de hacer los análisis científicos a la fórmula resulta que era agua con sal.

¿Estos cinco procesos representan todo lo que ocurrió o siguen buscando?

Lo que sucede con nuestras investigaciones es que empezamos investigando una línea y como hacemos operativos y tenemos material que en los allanamientos vamos teniendo que analizar, nos va dando para otros casos.

¿Cuántos delitos se han imputado a Pérez Molina y a Baldetti?

Desde la asociación ilícita, la defraudación aduanera, el cohecho pasivo y el lavado de dinero; es toda una gama de delitos.

¿Han podido establecer cuántos funcionarios estaban involucrados y con cuántos particulares se aliaron?

No tengo el número exacto, es sumamente grande, era toda una corporación ilícita de funcionarios a lo interno del Estado, y a lo externo, por supuesto, a tal grado que yo creo que más de la mitad del gabinete de esa época está en prisión.

¿Han establecido un monto probable de lesión?

No. Solo en el caso TCQ logramos detectar $30 millones de coima, y en el financiamiento ilícito que forma parte del caso Cooptación del Estado alrededor, quizás, de $100 millones. Cada uno de los casos nos va presentando un comportamiento económico de millones de dólares. Tenemos mucha claridad de que no es solo lo que nosotros podemos comprobar, sino que esto fue mucho más allá.

¿El que hayan determinado que el partido se organizó para robarle al Estado implica que puede ser objeto de un proceso para proscribirlo?

Debería ser la consecuencia inmediata y hasta el sentido común que un partido que se criminalizó no debería tener autorización para seguir funcionando. Sin embargo, tenemos claro que este hecho va a ser realidad cuando tengamos una sentencia condenatoria firme y ejecutoriada.

¿Cuánto falta para que la investigación culmine y vaya a un juicio final?

Las investigaciones van avanzando, nuestras investigaciones preliminares ya solo requieren algunos elementos más para terminarlas. De hecho, en el caso La Línea la investigación está prácticamente concluida, y dependemos mucho de la agenda de los jueces. El caso de Cooptación del Estado puede tardar bastante en vista de que son 53 personas sujetas a proceso penal, cada una con su defensor, y cada defensor puede hacer uso de los mecanismos que la ley le permite. Los procesos están con un mismo juez y están íntimamente vinculados pero tienen señaladas fases diferentes. Por ejemplo, en La Línea estamos esperando la audiencia intermedia y luego que se tome la decisión de ir a juicio o a debate, y en el caso de Cooptación todavía se están conociendo algunas solicitudes de la defensa para luego tener un plazo de investigación el Ministerio Público; el caso TCQ está pendiente de etapa intermedia, y así cada uno.

¿Panamá ha tenido algún nexo con la investigación que desarrollan?

Hemos pedido alguna información mediante asistencias, que las hemos recibido y que las tenemos en análisis.

Un ‘post’ suyo en Facebook reveló que se sentía amenazada, al punto de que temía por su vida. ¿Están esas amenazas relacionadas con estos procesos?

Las amenazas persisten y sí están relacionadas con estos casos que estamos investigando. La información nos llegó a través de métodos especiales de investigación, no es que me hayan llamado amenazándome, sino que nosotros nos dimos cuenta y a partir de esto el procurador de los derechos humanos pidió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas de protección, las cuales fueron otorgadas por la Comisión, en el sentido de que el Estado debe garantizar mi integridad física y la de mi familia, y mi libre ejercicio como fiscal general. De todas formas yo sé que la amenaza persiste y de hecho, este sábado recién pasado [6 de agosto], en horas de la tarde, sobrevoló un dron en mi casa. Esto a mi juicio tiene dos finalidades, una es amedrentarme, y la otra es tener información fidedigna y clara de mi residencia, pues sabemos que un dron es capaz de tomar 100 fotografías en cinco minutos y de tomar videos con muy buena resolución.

¿El Gobierno le ha asignado protección?

Sí, el Estado aceptó que el riesgo es alto y que la CIDH otorgara las medidas precautorias, y se incrementaron estas medidas de seguridad, se hizo un esquema de riesgo por parte del ministro de Gobernación y con base en ese esquema es que tengo las medidas de seguridad.

¿Se siente más segura?

Bueno, es que mi vida cambió radicalmente. Por ejemplo, yo daba una clase en la escuela de Postgrado de Derecho de la universidad estatal y tuve que renunciar, porque la seguridad me impuso no poder llegar a la universidad, y me he limitado muchísimo en mi movilidad, porque sé el alto riesgo que estoy corriendo.

Usted dijo en una actividad universitaria hace unos días que debe ser una “funcionaria en transición”.

Lo que sucede es que yo fui nombrada para un período de cuatro años y este período concluye dentro de año y medio y obviamente yo entrego el puesto al terminar mi período.

¿Y cree que para esa fecha ya habrá terminado toda esta investigación?

Para esa fecha estaremos ya, espero, con sentencias de primera instancia, y sin duda todavía hará falta un poco [para] la segunda instancia.

¿Puede el presidente mantenerla en el cargo hasta que concluyan las investigaciones?

Sí es posible y hay todo un procedimiento. Pero yo he tomado la decisión de que terminado mi período constitucional entrego el cargo.

Usted también dijo en la universidad que el próximo fiscal general no debe ser elegido por el jefe de La Línea 2. ¿Fue ese un llamado de atención al Presidente y funcionarios actuales o hay algún indicio de corrupción?

No. Yo lo dije porque estamos impulsando un proyecto para reformar la Constitución, para mejorar esos procesos de elección de funcionarios del sistema de justicia. Entonces, hay un sinnúmero de propuestas que se han recibido tanto para la Corte Suprema, la Corte de Constitucionalidad y para Fiscal General, y yo en mi exposición hacía un análisis de las comisiones de postulación y cómo estas también fueron tomadas por el Partido Patriota. Era obvio, si tomaron todo el Estado, también las comisiones de postulación, no a todos sus integrantes pero los procedimientos y hubo sin duda una manipulación.

En consecuencia, yo les decía que ante esa gama de propuestas hay que tener cuidado que el próximo fiscal general no vaya a ser elegido por otra estructura de La Línea 2, pero no lo dije por el presidente actual, lo dije por las propuestas que hay para transparentar la elección del fiscal general. Es decir, si para mí es lamentable haber sido nombrada por el jefe de La Línea, yo no quisiera que ningún otro fiscal general vaya a pasar por la misma situación. Es un llamado a la reflexión, a cuidar estos procesos de elección, porque cuando a mí me nombró el expresidente le teníamos cariño, y ninguno de nosotros sabía lo que él estaba haciendo en su estructura paralela asaltando al Estado. De tal manera que es un llamado a la población a estar vigilante. Ese es el mensaje.

Por lo que leí de las propuestas de reforma constitucional, como usted señala, hay mucho de cambiar la forma en que se elije o designa al poder judicial, al Ministerio Público. ¿Cree que los partidos políticos de su país están decididos a apoyar una despolitización del sistema?

Lo veo difícil, muy difícil, pero no imposible.

¿Qué cree que le dejará–en año y medio cuando culmine su período- el haber pasado por esta función pública y el haber efectuado una investigación tan importante como la actual?

Sin duda van a ser cuatro años de una experiencia que nunca pensé, porque haber investigado estos casos es simplemente asombroso.

Además, aprendí algo, que es el deber de ingratitud, el deber de ingratitud hacia la persona que nos nombró cuando esa persona no respeta la ley.