Un proyecto de ley que eleva el tope máximo del déficit, para que este represente el 3.5% del producto interno bruto (PIB) al cierre de 2019, por encima del 2% que permite actualmente la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, presentó ayer ante la Asamblea Nacional el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander.
Según Alexander, el proyecto plantea una reducción paulatina del déficit hasta llevarlo al 2% del PIB a partir de 2022. En términos prácticos, un mayor déficit se traduce en más deuda.
Para fin de año, se espera que la deuda supere los $29 mil 500 millones.
El ministro advirtió que al 1 de julio, cuando finalizó la administración de Juan Carlos Varela (2014-2019), el déficit (diferencia entre ingresos y gastos) representaba el 3.3% del PIB y los cálculos indicaban que cerraría en 4.5% al finalizar este año.
Sin embargo, luego de un plan de contención del gasto y medidas administrativas que pretenden aumentar los ingresos del sector público no financiero, Alexander calcula que el déficit se puede llevar al 3.5%. De allí que pidió cambiar la ley para que se permita el nuevo tope.
Si no se modificaba la ley, y a cambio se recortaban aún más los gastos públicos, se hubiese afectado la frágil recuperación económica del país, por lo que el gobierno consideró conveniente nuevas metas fiscales, detalló el ministro ante el Legislativo.
El Consejo de Gabinete autorizó a Alexander para que propusiera en la Asamblea el proyecto, que modifica la Ley No. 34 de 2008 de responsabilidad fiscal, según la Resolución No. 90 del 1 de octubre de 2019.
El gobierno de Laurentino Cortizo es el tercero que modifica la ley de responsabilidad fiscal consecutivamente. En su momento, hicieron lo mismo los expresidentes Varela y Ricardo Martinelli (2009-2014).