La Alianza Ciudadana Pro Justicia, organización de la sociedad civil que aglutina a una veintena de organismos de protección de los derechos humanos, considera que la falta de recursos para la implementación de la carrera judicial afecta la independencia de los magistrados y jueces.
En una nota hecha pública ayer, los miembros de la Alianza Ciudadana Pro Justicia aseguran que la totalidad de los funcionarios nombrados en el sistema penal acusatorio (SPA) tiene carácter interino, ya que la falta de planificación del Órgano Judicial ha impedido la asignación de fondos para su implementación.
Además, sostiene que los nombramientos del SPA no están fundamentados en la ley, con la excusa de la falta de presupuesto, y a la vez se encuentran sin aplicación las normas relativas a los procesos éticos y disciplinarios a jueces y magistrados, y que todos los procesos realizados contra estos funcionarios están al margen de la ley.
Señalan que las luces de alarma se encendieron, luego de que la semana pasada el pleno de la Corte Suprema de Justicia decidió dejar sin efecto el nombramiento de uno de estos jueces interinos de la provincia de Chiriquí, debido a que no aplicó la detención preventiva en un caso de narcotráfico.
En este aspecto, señala que la actuación negligente o con desconocimiento de la ley en la que pudo haber incurrido la jueza desató un gran rechazo en la opinión pública, que dio como resultado que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia dejaran sin efecto el nombramiento de la jueza, sin una investigación o un proceso previo.
También indican que es lamentable que el SPA, que era la oportunidad para tener una mejor administración de justicia penal, se encuentra hoy día en medio de esta vorágine de desaciertos y acciones al margen de la ley, y de convenios internacionales de los derechos humanos.
También plantean que la seguridad jurídica y el respeto a los derechos humanos se encuentran en peligro por la falta de jueces capacitados y por la forma en que son nombrados y removidos.