Funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI) y de la Fiscalía Cuarta Anticorrupción realizaron ayer un allanamiento a la sede de Cobranzas del Istmo, ubicada en la avenida Balboa.
Las autoridades decomisaron de las oficinas de la compañía de cobros equipos telefónicos, computadoras, documentos en cajetas y libros contables.
Funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI) y de la Fiscalía Cuarta Anticorrupción del Ministerio Público efectuaron ayer un allanamiento a las oficinas de la empresa Cobranzas del Istmo, contratada por el anterior gobierno para gestionar el cobro de impuestos morosos.
Fuentes judiciales informaron que los funcionarios de la DGI decomisaron libros contables y otros papeles, en los que se recogen las operaciones de la empresa en orden cronológico.
Mientras, los agentes de la Fiscalía Cuarta Anticorrupción aprehendieron equipos informáticos (computadoras) instalados en las oficinas, que serán remitidos al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para ser revisados por peritos.
Las autoridades de la fiscalía buscan determinar si en las operaciones que realizaba Cobranza del Istmo se incurrió en la comisión de delitos contra la fe pública.
La diligencia de allanamiento se inició desde tempranas horas de la mañana y culminó pasadas las 9:00 p.m.
Fuentes cercanas a las investigaciones detallaron que también se decomisaron cajas con documentos y teléfonos de oficina.
Las investigaciones se dan, luego de un informe de auditoría elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que revela que entre 2011 y 2014 Cobranzas del Istmo recibió comisiones por 47.1 millones de dólares tras recuperar para las arcas del Estado cuentas morosas con un valor de 172.9 millones de dólares.
EL CONTRATO
El acuerdo contractual entre la DGI y Cobranzas del Istmo vinculaba el monto de la comisión que ganaba la empresa a la antigüedad de la cuenta recuperada. Con mayor rango de antigüedad de la cuenta, mayor sería la comisión para la compañía. La escala comenzaba con una comisión de 15% por las cuentas morosas que tenían entre 12 y 18 meses, y terminaba con una comisión de 30% para aquellas cuentas con más de 30 meses.
El contrato, suspendido actualmente por la Corte Suprema de Justicia, fue suscrito en agosto de 2010 por el entonces director de la DGI Luis Cucalón y por Magaly Ramos, que figuraba como representante de Cobranzas del Istmo.
QUERELLADO
Basado en el informe sobre las irregularidades en los cobros de impuestos, el MEF se querelló ante la Fiscalía Anticorrupción contra Cucalón por la supuesta comisión del delito de falsificación ideológica.
El MEF asegura en la acción legal que Cucalón no gestionó esta autorización con ninguna de las tres instancias que están facultadas para concederla: el propio MEF, el Consejo Económico Nacional y el Consejo de Gabinete.
La Ley de Contrataciones Públicas señala a qué instancia se debe acudir, dependiendo del valor de los acuerdos contractuales realizados.