Las operaciones de la firma Mossack Fonseca
pasan por el escrutinio de las autoridades de varias jurisdicciones a raíz de la divulgación de los documentos a los que tuvo acceso el diario alemán Süddeutsche Zeitung, compartidos con otros 109 medios.
La Fiscalía de Venezuela evalúa pedir el arresto de personas sospechosas de corrupción y blanqueo de dinero señaladas en la investigación global, de acuerdo con informes de la agencia AFP.
Al mismo tiempo, las autoridades tributarias de Perú intervinieron ayer la filial de la empresa panameña.
“Es una diligencia de incautación contable y tributaria. Vamos a verificar documentación física e informática que nos ayude en las investigaciones”, dijo a los periodistas el representante de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), Percy Díaz.
La oficina de Mossack Fonseca en Lima está ubicada en el exclusivo distrito de San Isidro, y fue cercada por un contingente policial.
Ayer, desde su casa matriz en Panamá, la empresa informó que “hemos brindado toda la cooperación necesaria a Sunat. Tal como hemos indicado anteriormente, Mossack Fonseca siempre está dispuesto a cooperar con todas las autoridades que soliciten información a través de los canales adecuados”.
“Nuestro superintendente ha creado un equipo especial para ver el tema de las empresas offshore con sede en Panamá. Con autorización judicial, estamos acá para verificar documentación tributaria que ayude a la investigación de carácter administrativo que se está haciendo”, señaló Díaz en Perú.
Los allanamientos en el país sudamericano se unen a las requisas hechas en El Salvador, cuando el pasado viernes
la Fiscalía General allanó las oficinas de la sede de Mossack Fonseca en ese país, luego de que se percatara de que el personal del bufete había removido el rótulo con el nombre y había desconectado las líneas telefónicas.
Tras el operativo, la oficina de la firma en Panamá envió un comunicado en el que advertía de que no tenía planeado cerrar. “En las últimas semanas hemos estado realizando diversos trabajos de adecuación para la mudanza a un nuevo local”, señalaron en el documento.
En Venezuela, las autoridades analizan la viabilidad de solicitar incluso órdenes de captura contra las personas que aparecen señaladas, dijo la fiscal general Luisa Ortega, en entrevista con la televisora Globovisión.
La funcionaria hacía mención a los documentos compartidos a través del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
Dijo a la agencia de noticias AFP que el ente investigador ya adoptó o está próximo a tomar otras medidas contra los implicados, entre las cuales figura el congelamiento de cuentas bancarias y la prohibición de enajenar y gravar bienes.