Dos de las residencias de la expresidenta y actual senadora Cristina Kirchner estaban ayer bajo allanamiento, en un caso judicial que investiga supuestos sobornos millonarios para adjudicación de contratos de la obra pública, que sacude a la política y el empresariado de Argentina.
Por orden del juez Claudio Bonadio, comenzó al mediodía un enorme operativo en un departamento de Kirchner en el exclusivo barrio de Recoleta, en Buenos Aires, con varias camionetas policiales, personal de brigadas de explosivos, bomberos y perros entrenados.
Las pesquisas en el departamento de más de 200 metros cuadrados proseguían cinco horas más tarde. En la calle, un grupo de partidarios expresaba su apoyo a la exmandataria con carteles y consignas.
Carlos Beraldi, abogado de Kirchner, denunció que se le impidió permanecer en el lugar durante el allanamiento. “Estamos frente a una farsa, en clara violación de los principios del Estado de derecho. Vamos a pedir la nulidad del operativo. Yo abrí la puerta. Puse a disposición el domicilio para que sea revisado. Voy a denunciar penalmente al juez”, dijo antes de retirarse, visiblemente furioso.
En la tarde, otras brigadas ingresaron a la casa de Kirchner en Río Gallegos, una propiedad de dos pisos con amplio jardín que le sirve como lugar de descanso en la Patagonia, extremo sur de Argentina.
Autorizados el miércoles por el Senado, los allanamientos se llevan a cabo sin la presencia del juez ni del fiscal Carlos Stornelli.
En una tercera casa en El Calafate, también Patagonia, aún no había empezado la inspección policial, señaló la prensa en el lugar.
Los allanamientos fueron requeridos por Bonadio y necesitaban la aprobación del Congreso, dado que la exmandataria (2007-2015), elegida senadora en 2017, está amparada por fueros parlamentarios, por los cuales no puede ser detenida, pero se le puede imputar y condenar.