Panamá presentará en la 17 Conferencia Internacional contra la Corrupción, al menos, cuatro proyectos de ley para combatir este flagelo, incluyendo uno que refuerza la obligatoriedad de declaración de bienes patrimoniales para servidores públicos y otro que regula el conflicto de intereses.
El anuncio lo hizo ayer Angélica Maytín, directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), quien además precisó que las otras iniciativas van dirigidas a darle mayor autonomía a la ley de la Fiscalía de Cuentas y a establecer protección a los ciudadanos que denuncien la corrupción.
Maytín indicó que el proyecto busca reforma la Ley 59 de 1999, que desarrolla el artículo 304 de la Constitución, sobre los servidores obligados a presentar la declaración jurada de bienes al principio y al final de su gestión.
Precisó que uno de los cambios permitiría hacer auditorías sobre las declaraciones de bienes.
Se obligará a los jefes de la Policía Nacional, así como a los rectores y vicerrectores de universidades oficiales, a presentar declaraciones juradas de bienes.
Además, los funcionarios deben presentar una declaración jurada de intereses particulares en la que deben informar sobre la relación familiar o de amistad que pueda generar conflicto de intereses.