La oposición nicaragüense denunció ayer la ausencia de garantías electorales para los comicios municipales de noviembre y criticó la ausencia de una misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el proceso.
A tres meses de las elecciones, “no existe ningún cambio que apunte a garantizar el respeto al voto ciudadano”, porque el gobernante Frente Sandinista (FSLN) “ha consolidado el control absoluto sobre las estructuras electorales”, indica un informe del opositor Frente Amplio por la Democracia (FAD), presentado en Managua.
El FAD está integrado por miembros de la disidencia sandinista y de la derecha liberal.
En el informe, leído en rueda de prensa por el dirigente Eliseo Núñez, los opositores consideran que “el fraude ya está construido y es impensable una votación limpia”, y que todo está arreglado “para manipular cualquier resultado adverso”.
Nicaragua celebrará el 5 de noviembre elecciones en sus 153 municipios, en los que participarán una alianza de izquierda del FSLN y grupos derechistas minoritarios que el FAD define como “colaboracionistas” del oficialismo.
Según el FAD, el Frente Sandinista controla el Consejo Supremo Electoral y los centros departamentales y municipales organizados para las elecciones. A eso se suma “la falta de una amplia observación internacional” en el proceso electoral, dice el informe.
El gobierno de Daniel Ortega acordó en febrero pasado con la OEA iniciar un proceso de fortalecimiento institucional de tres años para mejorar el sistema electoral. Aceptó, además, permitir que una misión de la OEA observara el proceso tres meses antes de las votaciones, pero esto no se ha concretado.
Los acuerdos fueron pactados a raíz de los cuestionamientos que rodearon las elecciones presidenciales de noviembre de 2016, en las que Ortega obtuvo su tercer mandato sucesivo sin una oposición fuerte y sin observación independiente.
Las críticas motivaron a un grupo de legisladores norteamericanos a impulsar un paquete de sanciones económicas contra Nicaragua, conocido como Nica Act, que podría ser aprobado este año si el país no mejora su sistema democrático.
La convocatoria a los partidos políticos con personería jurídica a participar en la elección de alcaldes, vicealcaldes y concejales la oficializó el Consejo Supremo Electoral el pasado 5 de mayo.