El Consejo de Estado anuló ayer la sanción que hace seis años le fue impuesta a la entonces senadora Piedad Córdoba por sus supuestos nexos con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se informó oficialmente.
La oficina de prensa del tribunal, una de las cuatro altas cortes de Colombia, informó que 17 de los 23 consejeros de Estado estuvieron de acuerdo con anular la sanción disciplinaria de 18 años que la Procuraduría General le impuso a Córdoba en 2010.
La dirigente política fue sancionada con destitución porque su nombre apareció mencionado en varios correos electrónicos en los computadores del jefe guerrillero Raúl Reyes, quien fue muerto tras un bombardeo ordenado por el Gobierno colombiano en marzo de 2008 en territorio fronterizo ecuatoriano.
Según explicó en rueda de prensa el presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas, los documentos decomisados y las pruebas recaudadas por las autoridades militares y de policía en la operación en que resultó muerto Reyes “son ilegales... puesto que en su práctica de recolección no se tuvieron en cuenta los requisitos legales esenciales que contempla el ordenamiento jurídico colombiano”.
Rojas advirtió que a la exsenadora se le deberán cancelar los salarios que como congresista dejó de devengar entre el momento en que fue separada del cargo (3 de noviembre de 2010) y el instante en que terminaba su período en el Legislativo (19 de julio de 2014). Con la sanción de la Procuraduría o Ministerio Público, Córdoba había perdido su escaño en el Congreso.
Durante todo el tiempo que estuvo sancionada ella siempre pregonó su inocencia y dijo que solo tuvo nexos con las FARC para conseguir la liberación de políticos, militares y policías secuestrados por esa guerrilla.
En la jornada, Córdoba entregó declaraciones a los reporteros y dijo que lo sucedido en el Consejo de Estado “es una demostración de que Colombia tiene problemas de justicia”, en alusión tácita a la sanción de la Procuraduría.
La anulación de la sanción en su contra, comentó la política del Partido Liberal, “es un acto de paz”.
Aunque en apariencia la nulidad decretada por el Consejo de Estado revive políticamente a Córdoba, la oficina de prensa de la Procuraduría recordó a The Associated Press que contra la controvertida política pesa otra sanción de 14 años que la inhabilita para ocupar cargos públicos “por la... contribución económica a una candidatura al Congreso de la República”.