Como una “burla” para miles de servidores públicos que han hecho sus carreras en el Gobierno calificó el titular de Trabajo y Desarrollo Laboral designado, Luis Ernesto Carles, la aprobación, de última hora por parte del actual gobierno, del Decreto Ejecutivo 54 que reglamenta las leyes 39 y 127 que obligan al Estado a pagar una indemnización a los funcionarios que renuncien o que sean destituidos justificada o injustificadamente.
Para Carles esta es una medida “evidentemente politiquera” que proviene del gobierno “que más funcionarios destituyó y les irrespetó sus derechos”, precisó.
Para Rafael Chavarría, de la Confederación Nacional de Trabajadores Organizados, estas leyes y decretos firmados por el actual gobierno tienen que ser revisados por el presidente electo, Juan Carlos Varela, quien deberá legislar y mejorar las condiciones laborales y salariales de los servidores públicos y del sector privado, pero no de una forma politiquera.
“Es el colmo del presidente Ricardo Martinelli, que a escasos tres días para salir del gobierno blinde a los funcionarios de Cambio Democrático para que el Estado les tenga que pagar indemnizaciones”, expresó Chavarría.
Aunque el dirigente sindical expresó que todo trabajador que presta servicios al Estado o a la empresa privada tiene derecho a que se le indemice, explicó que todas estas decisiones deben aplicarse con responsabilidad.
Doble moral
Para el presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Fernando Aramburú Porras, la aprobación del Decreto Ejecutivo 54 denota una “doble moral” por parte del gobierno de Martinelli.
“Esta es una medida politiquera, ellos [actual gobierno] suspendieron la Ley de Carrera Administrativa para poder despedir a miles de funcionarios sin pagarles un real. Es una doble moral, porque ahora quieren dejar protegidos a los funcionarios que ellos nombraron”.
ENFOQUE
Felipe Chapman
panorama@prensa.com
opinión. A pocos días de culminar la administración de Ricardo Martinelli, su gobierno reglamentó una ley con la que reconoce el pago de prestaciones laborales a los funcionarios que renuncien o sean despedidos, justificada o injustificadamente, lo que introduce nuevas obligaciones financieras contingentes para el Estado panameño.
Frente a esta medida, lo primero que habría que entender es si se han cuantificado los gastos en los que tendría que incurrir el Estado y su efecto en las finanzas públicas, tal como se haría el cálculo del pasivo laboral en una empresa privada.
Cuando se toma una decisión como esta, es fundamental realizar los análisis de ese pasivo laboral. El gobierno entrante, todavía en el llamado período de transición, debería pedir esas mediciones, si es que no lo ha hecho ya.
Si la respuesta de la administración saliente es que se ignora cuál sería el monto de ese pasivo laboral, queda en evidencia que la reglamentación de la ley no es otra cosa que una decisión poco seria e improvisada.
El escenario fuera totalmente distinto si Panamá contara con una carrera administrativa que se apegara a las mejores prácticas internacionales, en las que priman, por encima de cualquier otra motivación, el talento y el perfil académico y profesional de las personas para ocupar un cargo público.
En ese contexto uno pensaría que la reglamentación recientemente aprobada sería una medida justa. Sin embargo, es de todos conocido que este no es el caso de Panamá.
Y allí sí estamos muy lejos de ser como Singapur u otros países donde existe un estricto celo de los funcionarios que se nombran. Implementar esa carrera administrativa de forma responsable y científica continúa siendo una reforma pendiente en Panamá.
Es algo que se ha prometido en casi todos los gobiernos y no se ha hecho. Esperamos que la administración de Juan Carlos Varela sí lo haga.
*El autor es financista