Frente a interferencias y presiones de ciertos sectores nacionales, de algunos políticos, y hasta de representantes de gobiernos extranjeros, los panameños conscientes deben blindar al Canal y confiar en su administración, advirtió la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede).
El pronunciamiento del gremio surge en medio de las discrepancias entre la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y el consorcio Grupo Unidos por el Canal que reclama el pago de sobrecostos en la construcción del tercer juego de esclusas.
El gremio de empresarios indicó que se debe resolver cualquier conflicto que haya surgido en el proceso de ampliación de la vía acuática y dejar que se maneje la situación de acuerdo con lo contratado, para que se concluya con los trabajos y al costo que corresponda.
La ACP ha mantenido la posición de que cualquier reclamo del contratista se canalice a través de las cláusulas establecidas en el contrato firmado en 2009, sin la posibilidad de negociar fuera de este marco como ha sugerido el contratista.
La Apede exhortó “a las organizaciones de la empresa privada, de la sociedad civil, las cívicas y a la ciudadanía en general, para que entre todos se defienda la institucionalidad de la ACP, su independencia, consignada en el título XIV de la Constitución de la República”.
“El Canal de Panamá constituye un patrimonio inalienable de la Nación panameña; permanecerá abierto al tránsito pacífico e ininterrumpido de las naves de todas las naciones, y su uso estará sujeto a los requisitos y condiciones que establezcan esta Constitución, la ley y su administración”, establece el artículo 315 de la Constitución.
Además de las diferencias entre el contratista y ACP, hace unas semanas Lourdes Castillo, miembro de la junta directiva del Canal, nombrada por el presidente, Ricardo Martinelli, reveló que un ejecutivo de la entidad era investigado por el fiscalizador general, hecho que fue interpretado por algunos sectores como un ataque contra la institucionalidad debido a que la legislación prohíbe revelar información mientras se investiga.
“Una vez más los panameños necesitan unificarse y defender a la ACP y a su administración frente a situaciones coyunturales que se han presentado en el actual programa de ampliación de la vía acuática”, afirmó la Apede.