Apede rechaza regulación a colegios

La Apede asegura que los colegios particulares atienden a casi 150 mil estudiantes, aligerando la carga educativa del sector oficial.

Apede rechaza regulación a colegios
Miguel Fanovich

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) expresó, ayer, su rechazo a un anteproyecto de ley que busca establecer regulaciones a los colegios particulares para evitar el cobro del aumento de matrículas previsto para 2017.

En un comunicado, el gremio empresarial señala que observa con preocupación el anteproyecto de ley radicado en la comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional, en el cual aseguran que propone medidas que afectan directamente a los centros de educación particular, toda vez que en principio la inscripción de los alumnos en centros de educación particular o público es una decisión de cada padre de familia.

En esta instancia existen dos anteproyectos para regular el mecanismo para aumentar la matrícula y la anualidad, uno presentado por el diputado Raúl Pineda y otro por el diputado Miguel Fanovich.

En la propuesta de Pineda, entre otras normas, se le prohíbe a los colegios particulares obligar a los padres de familia a adquirir los uniformes y útiles escolares de venta en su establecimiento u otro exclusivo.

Mientras que en la propuesta de Fanovich se establece que estos no podrán hacer cambios en sus uniformes escolares durante cinco años contados a partir de su última modificación, además de mantener los mismos libros por lo menos por tres años consecutivos.

En tal sentido, la Apede plantea que temas como el precio de los uniformes o el costo de los libros no deben ser objeto de una regulación como la que se pretende, “puesto que esto no está bajo el poder de decisión de los colegios particulares, debido a que vivimos tiempos de cambios, actualizaciones e innovaciones en los textos”.

El organismo empresarial destaca, además, que los colegios particulares deben regirse por las normas mandatorias del Ministerio de Educación, en todo lo referente a la educación, sin que ello afecte el resto de los derechos privados de administración del negocio, que goza toda libre empresa, y menos si se trata de supeditar decisiones que afecten la sostenibilidad del negocio.


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