La situación legal del nombramiento de Harry Díaz como magistrado de la Corte Suprema de Justicia continúa pendiente de una decisión a lo interno de esa institución, sobre las 11 demandas de inconstitucionalidad que están sin resolver en el despacho de José Ayú Prado.
Este lunes 24 de febrero, Ayú Prado decidió acumular, en un segundo grupo, nueve de las demandas presentadas con posterioridad a las dos que fueron acumuladas el pasado 6 de mayo de 2013.
Estos recursos pedían la inconstitucionalidad de la Resolución 64 del 1 de julio de 2011 de la Asamblea Nacional, que ratificó el nombramiento de Díaz como magistrado de la Corte.
Horas después que Ayú Prado ordenara la segunda acumulación, tres recursos de apelación se presentaron ante el pleno de la máxima corporación de justicia.
Las apelaciones fueron interpuestas por los abogados María Eduarda Córdoba, Diógenes Robolt y Rodnie Méndez, basadas, entre otros aspectos, en que se actuó contrario al artículo 728 del Código Judicial.
Este señala que, una vez “decretada una acumulación no procederán las solicitudes de nuevas acumulaciones de procesos promovidos posteriormente”.
Lo correcto, aducen los abogados, es que el pleno admita las apelaciones y ordene un reparto de estas nuevas demandas.
También sostienen que el magistrado presidente Ayú Prado tomó esa decisión, a pesar de estar recusado por la abogada Holanda Polo, quien es una de los 11 demandantes.
La ratificación de Díaz es cuestionada porque en el año 2010 fue viceministro de Finanzas encargado, y eso, supuestamente, lo inhabilitaría para ejercer como magistrado de la Corte Suprema de Justicia.