El acuerdo que alcanzaron ayer el Gobierno que lidera Juan Carlos Varela y autoridades de la comarca Ngäbe Buglé generó voces a favor y en contra. Por un lado, hay quienes consideran que fue un “gran paso” que ayudará a mejorar las relaciones entre la actual administración y las administraciones venideras, con las autoridades comarcales. Por otro, las críticas giran en torno a que el Ejecutivo no ha divulgado debidamente los aspectos que sustentan la negociación con la empresa Genisa, que inició la construcción de la obra, pero que no la culminará.
Algunos temen, además, una posible demanda millonaria contra el Estado de no respetar las exigencias de Genisa. Para el expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa Fernando Aramburú Porras, el acuerdo es “positivo” y permite a las autoridades comarcales como de Gobierno un mayor acercamiento. Consideró que lo acordado está“balanceado, ya que respeta los intereses y aspiraciones de la comarca con un ingreso importante para el desarrollo de proyectos en la misma; y a su vez respeta los derechos de los inversionistas tanto bancos como accionistas”. Respecto a la figura del fideicomiso, al que se traspasarán las acciones de Genisa en garantía del repago de los préstamos otorgados por los bancos, dijo que la misma permite que el Banco Nacional de Panamá [fiduciario] designe un administrador idóneo y aceptable a las partes que garantice la operación adecuada del proyecto, de tal forma que se genere la energía hidráulica proyectada y los ingresos correspondientes para saldar la deuda con los bancos que financiaron el proyecto y una vez saldada esta deuda a los accionistas que invirtieron en el mismo. Por su parte, Horacio Icaza, del Movimiento Independiente, manifestó que el acuerdo es “verdaderamente un paso histórico, importante y positivo, donde el Gobierno, a través de la negociación, demuestra que con el diálogo, el entendimiento y con la buena fe, se puede lograr mucho en este país”.
A su vez, destacó que lo logrado envía una señal de que la política de los gobiernos debe ir dirigida hacia la atención de los pueblos originarios. “Lo importante es que haya un beneficio para la comunidad y que los desarrollos mineros y de fuentes hídricas se manejen con mucha más sabiduría y con más vistas hacia el futuro”, agregó. En ese sentido, el ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Luis Ernesto Carles, expresó que “somos un gobierno que cree en el diálogo, promueve la paz y los consensos; por eso se ha firmado el acuerdo de Barro Blanco. Pero, para el presidente del Colegio Nacional de Abogados, José Alberto Álvarez, más allá del acuerdo, hay que mirar si la empresa afectada que cumplió con todos los requisitos legales para hacer una inversión en el país también avaló un acuerdo con el Gobierno y se encuentra satisfecha con el mismo. “Se manda muy mal mensaje a los inversionistas, debido a que la empresa que inició la obra no la termina (...) espero que el Gobierno así como firmó con las autoridades de la comarca haya firmado con los dueños de Genisa (...) una empresa invierte para tener ganancias no solo para que se le pague lo que ha invertido; si no lo firmaron nos exponemos a una demanda millonaria”. En ese sentido, recordó que el Estado tiene más de $9 mil millones en demandas por malas actuaciones de los funcionarios.
Mientras que el politólogo y miembro del partido en formación Frente Amplio por la Democracia, Richard Morales, indicó que la negociación se vio empañada con protestas y mal entendidos, lo que deja entrever que “ha sido un acuerdo a espaldas a la mayoría del pueblo...”.
En tanto, el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Jorge García Icaza, calificó como positivo que se haya logrado poner en marcha un proyecto para la generación de energía limpia en el país. Resaltó la importancia de que el Estado llegue a acuerdos con las comunidades para garantizar que continúe llegando la inversión extranjera.