El magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado, aseguró ayer que la implementación total de la ley de Carrera Judicial tardará entre tres y cuatro años, debido a los fuertes recortes económicos realizados al presupuesto del Órgano Judicial.
Ayú Prado explicó que los recursos necesarios para implementar dicha ley ascienden a unos 35 millones de dólares o 40 millones de dólares, y que en el proyecto de presupuesto para 2017 presentado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que ascendía a la suma de 274 millones de dólares, se habían destinado 20 millones de dólares para arrancar con su ejecución, pero que los recortes hechos los dejaron sin fondos.
“Para comenzar este proyecto pedimos de 35 millones a 40 millones de dólares para implementarlo, pero esto será en un plazo de tres a cuatro años”, acotó.
Recalcó que a pesar de los reclamos hechos al MEF por el recorte de 113 millones de dólares al presupuesto del Órgano Judicial, no quedaron fondos para iniciar el proceso de implementar la carrera judicial.
Reconoció que dicho recorte presupuestario también afectó un ajuste salarial que se tenía proyectado para más de dos mil funcionarios, así como la creación de juzgados, tal y como lo ordena una ley desde 1996, pero que por falta de recursos no han sido establecidos.
Dijo que se expuso al MEF la prioridad de la carrera judicial, pero la respuesta fue que los ingresos corrientes del Estado solo alcanzaban para algunos aumentos al Órgano Judicial.
En septiembre pasado, durante sus intervenciones en la comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, los magistrados de la Corte Suprema aseguraron que entre las necesidades más apremiantes para 2017 se encontraban la asignación de fondos para implementar la carrera judicial y el sistema penal acusatorio, el fortalecimiento de las jurisdicciones civil, marítima, familia y laboral.
En esa comparecencia, al Órgano Judicial se le aprobaron dos traslados de partidas, una por 1 millón 149 mil dólares para conceder a los funcionarios judiciales y administrativos un bono navideño como incentivo por sus servicios y otra por 723 mil dólares para vigencias expiradas, por el contrato de obra para la construcción de equipamiento de la unidad judicial en la provincia de Coclé.
SOCIEDAD CIVIL OPINA
En ese sentido, Annette Planells, del Movimiento Independiente (Movin), planteó que la carrera judicial es producto de más de 10 años de diálogo, cuyo objetivo es garantizar que los nombramientos de jueces y funcionarios judiciales sean por méritos, a través de un proceso de evaluación profesional y transparente.
Detalló que igualmente establece un tribunal de disciplina en el que se revisan las denuncias y el desempeño de los funcionarios para poder depurar el sistema.
Recalcó que en estos momentos los nombramientos se están haciendo a través del pleno de la Corte y de la Sala Cuarta, y no existe un procedimiento para investigar y remover a los jueces por conductas irregulares. Aseguró que para que los jueces puedan fallar en derecho “necesitamos que sean capaces, con integridad e independencia”.