Durante una operación encubierta ordenada por la Fiscalía Tercera Anticorrupción, agentes de esa instancia aprehendieron ayer a Julio Isacio Arcia, juez mixto (civil y penal) municipal de Chepo, en la provincia de Panamá, por presuntamente cobrar dinero por tramitar matrimonios civiles.
El funcionario fue detenido por agentes encubiertos de la fiscalía, que utilizaron dinero marcado, explicaron a este diario fuentes del Ministerio Público.
Además, la fiscalía ordenó una diligencia de inspección ocular en el juzgado.
Tras la operación, también fue aprehendida la secretaria del despacho judicial, cuyo nombre no fue precisado.
El Ministerio Público inició las pesquisas de este caso, a partir de una denuncia presentada por el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado, el 26 de agosto pasado, ante la Fiscalía Auxiliar, a cargo de Marcelino Aguilar.
“Ha llegado a conocimiento de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, que los secretarios mayores y oficiales mayores de juzgados municipales del ramo civil o de carácter mixto del Circuito Judicial de Panamá (Distritos Municipales de Panamá y Chepo), no facilitan a los usuarios los trámites de un matrimonio civil, y por el contrario lo entorpecen a tal grado, que solicitan dinero para entonces cumplir con sus deberes y responsabilidades, ya sea para celebrar matrimonios dentro o fuera de los Juzgados Municipales en días hábiles o fines de semana”, dice la denuncia que interpuso el magistrado Ayú Prado.
Este sería el tercer caso de supuesta corrupción en la esfera judicial desde 2015.
El 24 de agosto de 2015, se denunció una red que cobraba coimas por otorgar libertades y manipular a jurados de conciencia para dar fallos absolutorios en el Segundo Tribunal Superior. Este caso está radicado en la Fiscalía Cuarta Anticorrupción y por los hechos son investigados 18 personas, entre funcionarios y particulares.
En julio de este año, el presidente de la CSJ también presentó una denuncia para que se investigaran supuestos actos irregulares en el Juzgado Cuarto Penal, a cargo de Yoideth Chirú, tras un fallo en el que liberó a 25 personas ligadas a un proceso de narcotráfico.
Recientemente, la Fiscalía Segunda Anticorrupción, que lleva este proceso, le formuló cargos y ordenó indagar a Chirú por la presunta comisión de delitos contra la administración pública.