El Congreso colombiano aprobó el pasado martes por mayoría el blindaje jurídico a los acuerdos a los que se llegue en el marco del proceso de paz que adelantan el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
“El Senado de la República acaba de aprobar con 52 votos el Acto Legislativo para la Paz”, escribió en su cuenta oficial de Twitter la cámara alta.
De inmediato el presidente Juan Manuel Santos escribió en la misma red social: “Todos los colombianos que queremos la paz agradecemos a Congreso aprobación de acto legislativo. ¡La paz está más cerca que nunca!”.
Con lo aprobado, todo lo que los negociadores acuerden en La Habana se elevará a la categoría de “acuerdo especial” y tendrá rango constitucional para que no pueda ser modificado por futuros gobiernos.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, también agradeció a los legisladores su decisión, en medio de la molestia del único movimiento político que expresó su desacuerdo, el Centro Democrático, del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).
“El Acto Legislativo para la Paz va a permitir el cumplimiento y la implementación de los acuerdos que finalmente se firmen en La Habana. Sirve para blindar jurídica y políticamente esos acuerdos”, aseguró Cristo.
Servirá adicionalmente, al decir del titular de la cartera de la política, para agilizar las reformas constitucionales a fin de que estas sean más rápidas y así poder cumplir los acuerdos que eventualmente se pacten.
“Que los colombianos sepan: aquí los constituyentes han sido el Gobierno y el grupo terrorista [las FARC]”, indicó en el Legislativo Uribe, quien también es senador desde julio de 2014.
El Acto Legislativo para la Paz aprobado pasará ahora al control de la Corte Constitucional, la máxima instancia en el país en asuntos de la carta magna.
Ya el 12 de mayo pasado, el Gobierno y la guerrilla habían anunciado una serie de mecanismos para blindar el proceso de negociación. En ese momento los países garantes del proceso de paz, Cuba y Noruega, dijeron que el objetivo de lo acordado era “asegurar su introducción al ordenamiento jurídico colombiano y para dar garantías de cumplimiento de dicho acuerdo final, tanto conforme al derecho interno colombiano como conforme al derecho internacional”.