El panorama cambió radicalmente ayer en el pleno de la Asamblea Nacional, que en 22 días no había aprobado ningún proyecto de ley.
Los diputados de los oficialistas Cambio Democrático (CD) y del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena) introdujeron en la agenda el proyecto de ley 724 que amplía el servicio de escoltas pagado por el Estado a las ex primeras damas y a los hijos de los expresidentes de la República, y luego lo aprobaron en segundo debate.
Ayer, en una jugada política, el proyecto que estaba colocado en el punto 16 del orden del día fue subido al punto 5. Fue pasado por encima de otras iniciativas: seis acuerdos internacionales, del proyecto 712 que declara el 4 de abril día nacional del combate a la obesidad, y del proyecto que establece políticas públicas para la creación de los hogares del cuidado diario, como el programa nacional de atención integral a niñas y niños de primera infancia.
estrategia oficialista
Los estrategas de esta jugada política fueron los diputados Abraham Martínez y el presidente de la Asamblea, Sergio Gálvez.
Mientras se discutía en tercer debate el proyecto 720 mediante el cual se aprueba el acuerdo de Cooperación Comercial y Económica entre Panamá y la República Socialista de Vietnam, el diputado Martínez, con paso acelerado se acercó a Gálvez y luego se dirigió a varios de sus colegas oficialistas para que firmaran una propuesta para alterar el orden del día.
Luego de recoger las firmas para cambiar el orden del día, la moción de Martínez fue sometida a votación y aprobada con 38 votos a favor.
Sergio Gálvez, Osman Gómez, Ernestina Tejada (suplente de Dana Castañeda), Maximino Rodríguez (suplente de Yanibel Ábrego) y Mario Miller, todos de CD, firmaron la propuesta.
Una vez aprobado el acuerdo comercial con Vietnam, el pleno entró de inmediato en la discusión del proyecto 724.
Ejecutivo no sustenta
El proyecto 724 modifica la Ley 55 del 19 de julio de 1996 por la cual se autoriza el servicio de escolta y seguridad personal a los expresidentes de la República.
El debate se dio sin la presencia del ministro de la Presidencia, Roberto Henríquez, quien envió la iniciativa al Legislativo. Tampoco estuvo la diputada presidenta de la Comisión de Gobierno, Dana Castañeda, instancia que lo aprobó en primer debate.
A pesar de ello, la iniciativa del Ejecutivo fue aprobada en segundo debate con 38 votos de los oficialistas CD y Molirena. Solo ocho diputados de la oposición, incluyendo miembros del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y del Partido Panameñista, rechazaron la propuesta.
Martinelli dio la señal
La aprobación se da un día después de que el mandatario Ricardo Martinelli abogara por la iniciativa.
“Cuando al presidente electo Juan Carlos Varela le toque deportar, decomisar droga, acabar con bandas y pandillas, va a tener los problemas que tengo yo”, aseguró el martes Martinelli en La Pintada, Coclé
Hace unos días, el gobernante saliente también justificó esta iniciativa argumentando que había recibido informes de inteligencia sobre amenazas contra su vida de parte del empresario Jean Figali y de la diputada electa del PRD Zulay Rodríguez. Tanto Figali como Rodríguez negaron la acusación .
contenido
El proyecto de tan solo tres artículos establece que la cónyuge del mandatario o quien desempeñe las funciones de primera dama de la República tendrá el servicio de escolta y seguridad por un término de 10 años.
Este beneficio se extiende por un período de cinco años a los hijos del ciudadano que haya ocupado el cargo de Presidente de la República.
La Ley 55 del 19 de julio de 1996 ya establece el servicio de escolta y seguridad personal de forma vitalicia para el Presidente de la República, una vez vencido el período para el cual fue elegido. También fija el derecho a una secretaria o a un secretario durante los cinco años siguientes a su mandato. Todos ellos serán considerados servidores públicos y formarán parte del personal del Ministerio de la Presidencia.
Durante el debate en la Asamblea solo intervinieron tres diputados opositores; ninguno de los oficialistas habló.
Escoltas, a discreción
El diputado del PRD Juan Carlos Arosemena calificó la iniciativa como una falta de seriedad del Gobierno. “Tantas cosas que hay para discutir en este país, como la falta de equidad social, la institucionalidad, la transparencia, para discutir este tema un día antes del mundial de fútbol”, indicó.
En tanto, el diputado opositor Jorge Alberto Rosas afirmó que la bancada oficialista está desconectada de la realidad nacional, ya que el 90% del país está en contra de este privilegio que se pretende para el Presidente.
“Con este proyecto [Martinelli] los tiene ahora sentados en sus curules bajo las amenazas de sacarles los expedientes y bajo el soborno del Órgano Ejecutivo saliente”, les señaló Rosas a los diputados oficialistas.
Advirtió de que la medida sería inconstitucional porque se pretende dar servicio de seguridad pagada por el Estado a descendientes del gobernante, que no ocuparon cargos de servidores públicos, y mucho menos ejercieron puestos de mando y jurisdicción.
“Será que se les quiere proteger por las funciones ejercidas en el Estado panameño y a las que no tenían derecho. Les quieren crear una cortina de seguridad que los proteja para cuando venga el brazo de la ley a exigir responsabilidades”, afirmó.
Mientras que el diputado perredista Elías Castillo cuestionó la propuesta del Ejecutivo al plantear que no precisa la cantidad de escoltas que tendrán los familiares de los exmandatarios. El reglamento actual fija ocho escoltas a los expresidentes escogidos por votación popular.
Afirmó que quedará a discreción del actual mandatario reglamentar esta ley, y definir el número de escoltas que tendrían sus hijos y la ex primera dama.
Hoy se le dará tercer debate al proyecto.
(Con información de Eduardo Mendoza, Aminta Bustamente y María Cristina Ramírez).
En abril pasado, la Unidad Nacional de Protección (UNP) de Colombia redujo la seguridad al expresidente de ese país Álvaro Uribe, de 140 agentes a 68 luego de un análisis de riesgos, según la revista Semana. En total, entre policías, militares y funcionarios de la UNP, Uribe y su familia (incluyendo esposa e hijos) tenían 330 personas para su custodia personal, en sus lugares de residencia, tanto en sitios urbanos como en rurales.
La medida fue comunicada a los jefes de seguridad del expresidente, su esposa e hijos por la UNP y la Dirección de Protección de la Policía.
El padre de Uribe, Alberto Uribe, fue asesinado por las FARC en la década de 1980 en un intento de secuestro en el que también resultó herido su hermano Santiago Uribe.
Entre 2002 y 2005, el exmandatario fue víctima de al menos cuatro atentados como candidato presidencial y en ejercicio de sus funciones. Colombia, con unos 48 millones de habitantes, ha vivido las últimas cuatro décadas en medio de un conflicto armado.
ISIDRO RODRÍGUEZ
Los escoltas de los actuales expresidentes de la República tienen un salario promedio mensual de $3 mil 200, incluyendo gastos de representación.
Cada exmandatario, Ernesto Pérez Balladares (1999-2004), Mireya Moscoso (2004-2009) y Martín Torrijos (2004-2009) cuenta por ley con ocho escoltas, todos miembros del Servicio de Protección Institucional (SPI).
Tomando como base el salario promedio ($3 mil 200), esto arroja un gasto estimado anual entre los 24 escoltas de los tres expresidentes de $921 mil 600 mil, solo en salarios.
De aprobarse la ley que extiende el número de escoltas al presidente, a su esposa y a sus hijos, el gasto aumentaría a cifras millonarias dependiendo de la cantidad de agentes del SPI que se le asigne a cada esposa e hijos de los exmandatarios que han sido elegidos en votación popular.
A pesar de que Martinelli defendió el martes pasado la ley que amplía los escoltas a los familiares de los exmandatarios, en marzo de este año el expresidente Martín Torrijos denunció que por orden del Ejecutivo le habían retirado varios de sus escoltas, lo que fue calificado como una “persecución política”, por el afectado. Torrijos hizo responsable a Martinelli de cualquier atentado que le sucediera a él y a su familia.
Pero no solo el exmandatario Torrijos denunció la reducción de miembros de la seguridad que le brinda el Estado. También Lorena Castillo, esposa del presidente electo Juan Carlos Varela denunció que en plena campaña electoral el presidente Martinelli ordenó reducir la cantidad de escoltas que deberían custodiar a Varela como vicepresidente del país y como candidato presidencial.
Martinelli ha justificado la ampliación de los escoltas a él y a su familia porque, dice, ha recibido amenazas de muerte.
Aminta Bustamente