El proyecto de ley 150, que busca darle protección a los compradores de autos nuevos, el cual había sido objetado por el Órgano Ejecutivo, fue aprobado por insistencia en segundo debate por la Asamblea Nacional en su último día de sesión el pasado 28 de abril.
El proyecto, impulsado por la diputada de Cambio Democrático (CD) Yanibel Ábrego, busca ampliar la competencia de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) para conocer y decidir reclamaciones sobre vehículos a motor hasta por un valor de 30 mil dólares.
Con la ley vigente, la Acodeco solo puede intervenir hasta un tope de 2 mil 500 dólares, mientras que en montos superiores es necesario acudir a los tribunales de justicia.
Durante la discusión y aprobación de este proyecto en febrero de 2016, antes de ser objetado por el Ejecutivo, el administrador de la Acodeco, Óscar García, calificó los cambios a la Ley No. 45 de 2007 sobre protección al consumidor como “avances importantes” en materia de protección al consumidor, tras explicar que lo más relevante fue aumentar hasta 5 mil dólares la competencia de la Acodeco para resolver y atender directamente quejas por los bienes y servicios que los consumidores compren.
Mientras que para el caso de automóviles o vehículos a motor, la competencia para la Acodeco fue aumentada de 2 mil 500 dólares a 30 mil dólares, lo que, según García, permitiría atender la enorme mayoría de los reclamos que los consumidores puedan tener.
No obstante, y a pesar de los comentarios favorables de García, el Ejecutivo vetó el proyecto el 22 de marzo de 2016. La objeción se dio por “inconveniente” en lo relativo a ampliar la competencia de la Acodeco para conocer y decidir reclamaciones sobre vehículos a motor hasta la suma de 30 mil dólares, tras considerar que es un tema que debe continuar siendo competencia de los tribunales de justicia.
También se objetó el numeral 7 del artículo 1 del proyecto, referente al derecho del consumidor de recibir indemnización efectiva o la reparación de los daños y perjuicios atribuibles a responsabilidades del proveedor o prestador del servicio.
La norma propuesta, según el Ejecutivo, podría motivar a que distribuidores de vehículos que ofrecen más de un año de garantía reduzcan este plazo.