El Parlamento francés promulgó ayer un proyecto de ley sobre la moralización de la vida política, uno de los caballos de batalla del presidente Emmanuel Macron, elegido tras una campaña marcada por los escándalos.
Este texto, aprobado por una amplia mayoría de la Asamblea Nacional, incluye la supresión de la “reserva parlamentaria”, una ayuda financiera que diputados y senadores distribuían hasta ahora a las comunas y asociaciones de su elección.
El Parlamento había adoptado la semana pasada los primeros textos de moralización, que prohíben los empleos a familiares o colaboradores, una cuestión que ganó fuerza durante la campaña presidencial.
Recientemente el exministro Michel Mercier, quien el martes tenía que entrar al Consejo Constitucional, renunció a su cargo tras la apertura de una investigación sobre el empleo de sus hijas como asistentes parlamentarias.
Ahora, los ministros, diputados o representantes locales ya no podrán contratar a un cónyuge, concubino(a), padres o hijos. Se enfrentan a una pena de tres años de prisión y 45 mil euros ($53 mil) de multa y, en algunos casos, la restitución de las cantidades pagadas.
También se aprobaron un dispositivo de reembolso con justificantes para los gastos de los diputados y una pena complementaria de inelegibilidad por falta de integridad por parte de un político francés.
Las medidas fueron saludadas por la rama francesa de Transparencia Internacional, que no obstante lamentó que el texto no fuera más allá en cuanto a los conflictos de interés.