La comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional archivó ayer ocho denuncias y querellas interpuestas contra el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado, por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública.
Las denuncias y querellas fueron interpuestas por el ex juez penal de Adolescentes de Colón Juan Domingo Ibarra, a través de los abogados David Sittón y Euclides Joel Castillo.
Ibarra denunció y se querelló contra Ayú Prado, luego de que este ordenara en 2013 una investigación en su contra por la presunta comisión de un hecho de corrupción, y como consecuencia de ese acto fuese destituido.
Al parecer, Ibarra habría intentado evitar la deportación de un extranjero, supuestamente vinculado en un proceso por blanqueo de capitales, al emitir una orden de impedimento de salida del país a su nombre, tras nombrarlo testigo protegido en un caso de homicidio ocurrido en Colón a comienzos de 2013.
Ayú Prado basó su solicitud de investigación en varios hechos; a saber, que el juez constituyó al extranjero en testigo protegido como parte del caso de homicidio en Colón, pese a que para ese momento estaba detenido preventivamente en Panamá por el caso de blanqueo de capitales; que dicho nombramiento es una función exclusiva del Ministerio Público; y que la medida cautelar de país por cárcel fue impuesta a un testigo, cuando solo es aplicable a imputados indagados.
El diputado José Luis Varela, quien estuvo en la sesión de la comisión ayer, explicó que Ibarra nombró ilegalmente a este ciudadano como testigo protegido e ilegalmente decretó un impedimento de salida del país, por lo que fue separado del cargo. “Desde mi punto de vista, ese es un juez cuyo caso debe estar en los tribunales y se debe investigar hasta el final, porque él no puede aplicarle un impedimento de salida a un extranjero que está acusado en Panamá para solamente tener el derecho de protegerlo en este país. En la decisión de ese juez, en ese momento dado, hubo algo que no es correcto”, dijo.
El caso está radicado en el Segundo Tribunal, en fase de llamamiento a juicio para práctica de pruebas.
SIN PRUEBAS
La diputada perredista Zulay Rodríguez, quien fue ponente en este caso, concluyó que “hubo intromisión de José Ayú Prado al ordenarle al Tribunal de Niñez y Adolescencia y a Zuleyka Moore, quien actualmente es fiscal Anticorrupción, que iniciara una investigación contra el juez Ibarra, cuando Ayú Prado no era parte de la junta directiva de la Corte”.
En el informe sobre las denuncias, Rodríguez pidió que se abriera causa penal contra Ayú Prado; sin embargo, la comisión decidió no admitir esta petición con siete votos a favor y uno en contra. La sesión demoró más de cuatro horas.
Poco antes de que fuera adoptada la decisión, el exjuez Ibarra, que estaba presente en el recinto, prefirió retirarse al calificar como una falta de respeto la actuación de los diputados.
“Los diputados llegaron a la sesión sin leer nada. Cómo dicen que no hay pruebas, si en las denuncias hay fojas con sus respectivas pruebas. Hay una ignorancia inexcusable de la norma”, dijo.
La comisión decidió también archivar las denuncias 180, 182, 184, 194, 208, 209, 211-A y 211-B, interpuestas por Ibarra contra Ayú Prado, al considerar que no existen los elementos de convicción idóneos que sustenten lo dicho en las denuncias o querellas.
Los diputados Alfredo Pérez, del Partido Revolucionario Democrático (PRD); Mariela Vega, Rony Araúz, José Muñoz, de Cambio Democrático (CD); Jorge Iván Arrocha, Katleen Levy y Florentino Ábrego, del partido Panameñista, avalaron el archivo de estos expedientes. Zulay Rodríguez votó en contra de ambas decisiones.
La comisión determinó que no admitió las denuncias “ante la ausencia de elementos de convicción que satisfagan los requisitos legales mínimos”.
El presidente de la comisión de Credenciales, el diputado Jorge Iván Arrocha, dijo entender los reclamos de la sociedad civil y la consternación sobre las declaraciones de uno de los magistrados respecto a acciones en la Corte, pero enfatizó: “no vamos a admitir una denuncia para quedar bien y faltar al debido proceso”.
Informó que aún existen siete denuncias pendientes contra el magistrado José Ayú Prado que serán tramitadas en su momento, al igual que los otros expedientes contra magistrados que reposan aún en esta instancia legislativa.