El Juzgado Decimotercero Penal sobreseyó provisionalmente la investigación adelantada por la Fiscalía Especial Anticorrupción por supuestos sobreprecios en las adendas al contrato de la ampliación del Aeropuerto Internacional de Tocumen, a cargo de Odebrecht.
En fallo del 19 de este mes, el juez suplente Andy Gutiérrez concluyó que no se acreditó el delito contra la administración pública, toda vez que no hay evidencias sobre afectaciones a bienes, dinero y valores bajo la administración y custodia del servidor público.
El fallo también señala que el expediente no cuenta con una auditoría de la Contraloría General de la República, a pesar de haber sido solicitada por el Ministerio Público, y que ello impide establecer la existencia de una lesión patrimonial y la probable vinculación de los autores materiales.
Asimismo, plantea que tampoco se pudo hacer una inspección ocular para acreditar las supuestas anomalías que enumeró el denunciante: el diputado del Partido Panameñista José Antonio Domínguez, ya que en la Universidad Tecnológica de Panamá no contaban con especialistas disponibles en la materia.
Domínguez, que presentó la denuncia el 18 de julio de 2016, alegó irregularidades en las adendas y en el diseño del proyecto.
Según la denuncia, cuando concluyan los trabajos de expansión de la terminal aérea, “esta no sería funcional y quedaría como un simple monumento”, ya que los aviones no podrían acceder a las pistas.
También advirtió de que el contrato estaba diseñado para que la constructora Odebrecht lograse adendas para la culminación del proyecto.
En tanto, un informe de planimetría forense efectuado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses reveló que el proyecto no incluyó el diseño de una torre de control y que solo se propuso su ubicación, aunque este fue desestimado, pues no establecía las distancias requeridas para cubrir la propuesta de una tercera pista.
La obra fue licitada en $691.7 millones, cerca de $12 millones por encima de la oferta de Odebrecht, pero un informe de la Unidad de Análisis Delictivo del Ministerio Público certificó que no se incluyeron costos adicionales por $100 millones y adendas por $99 millones, por lo que el monto ofertado por la empresa brasileña aumentó en $199 millones y al final el contrato quedó en $878.4 millones. La obra tiene 71% de avance.