El pleno de la Asamblea Nacional inició anoche la discusión del quinto bloque del proyecto de reformas al Código Electoral, aunque con muy poco avance y centrándose en tres temas polémicos que están en la agenda: los topes de gastos de campaña con el financiamiento privado, el financiamiento público y el mecanismo a utilizar para la distribución de curules en los circuitos plurinominales (en los que se elige a más de un candidato).
Al comienzo del debate solo intervino el diputado panameñista Gabriel Soto, que planteó algunas interrogantes a las autoridades del Tribunal Electoral en torno a los topes en el financiamiento privado y el financiamiento estatal.
En tal sentido, Osman Valdés, jefe de la Dirección Nacional de Organización del Tribunal Electoral (TE), recordó que la propuesta original del proyecto de reformas establecía un tope de aportes privados de 50 centavos por elector, pero en el primer debate los diputados elevaron ese monto a 5 dólares por cada elector.
Valdés explicó que, de acuerdo con la proyección que se tiene para los comicios de 2019, de al menos 2.8 millones de electores habilitados para ejercer el sufragio, multiplicado por los 5 dólares –del tope de donación privada–, se destinarían 14 millones de dólares solamente para la candidatura presidencial de un solo aspirante. Si son tres candidatos presidenciales, serían 42 millones de dólares.
Manifestó que el mismo ejercicio matemático habría que hacer para todos los demás candidatos a puestos de elección popular, ya que cada partido puede postular 71 candidatos a diputados, 79 alcaldes, 650 representantes de corregimiento y 7 concejales. En total, son 804 postulaciones que pueden hacer los partidos, según la actual ley electoral, explicó el funcionario.
“Cuando se multiplica el tope de gastos de todos esos candidatos daría una cifra de entre 60 y 70 millones de dólares por partido, aunque no necesariamente significa que lo vayan a recaudar, pero ese es su tope máximo. En total [si participan los cinco partidos políticos vigentes] significarían cerca de 350 millones de dólares de tope de financiamiento privado”, indicó.
En tal sentido, Valdés manifestó que esperan una nueva propuesta sobre el tope al financiamiento privado por parte de los diputados, ya que hay presión de la Comisión Nacional Pro Reformas Electorales (CNRE), que considera que ese tope es muy alto.
La CNRE aboga por el tope en donaciones privadas de 50 centavos por elector, además de que se revele el nombre de los donantes por parte de los partidos políticos y candidatos independientes.
Si se suma el financiamiento privado con este tope de 5 dólares por elector, con el financiamiento estatal, que rondaría los 100 millones de dólares, el proceso electoral de 2019 costaría cerca de 450 millones de dólares, señaló Valdés.
Indicó que si solo se aprueba el financiamiento estatal, el costo del proceso electoral de 2019 rondaría los 480 millones de dólares.
Valdés también se refirió al mecanismo a utilizar en los circuitos plurinominales, para distribuir las curules.
Sugirió a los diputados que exploren alternativas sobre este punto.
Ya existe un fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el voto selectivo en los circuitos plurinominales y que rigió para las elecciones de 2014, por lo que los diputados tendrían que decidir sobre el voto plancha que se aplicó en los comicios de 2009.
Tras culminar la sesión, el magistrado presidente del TE, Heriberto Araúz, expresó su confianza en que los diputados avancen aún más a partir de hoy en la discusión de este quinto bloque.
Manifestó que el TE espera que se aprueben normas con las que se garantice los principales y medulares temas de estas reformas, como la equidad, transparencia en el manejo de los fondos privados y públicos, y la rendición de cuentas.
“El Tribunal no está dispuesto a transigir en su posición y saldrá a decir cuando no está de acuerdo con algunos puntos que proponga la Asamblea. Vamos a esperar a que haya los consensos de las diferentes bancadas y que ojalá los intereses del país prevalezcan sobre los intereses de los partidos”.
Para el quinto bloque de artículos del proyecto de reformas electorales, los diputados dejaron los temas más polémicos, entre los que también se incluye el tiempo en que deben renunciar a sus cargos los servidores públicos con mando y jurisdicción nacional que aspiren a cargos de elección popular.
En el bloque también está el tema de la fecha para las elecciones primarias de los partidos políticos, y el de la paridad de género.
Igualmente, se incluye el voto adelantado para agregar a más electorales que puedan ejercer este tipo de sufragio en los comicios de 2019.
También está el fuero electoral y el fuero penal electoral del que gozan los candidatos que se postulen a cargos de elección popular.
Además, figuran las posibles sanciones a los candidatos que incurran en proselitismo político.
El proyecto de ley 292 de reformas electorales reposa en la Asamblea desde el 18 de enero de 2016, cuando fue llevado por los magistrados del Tribunal Electoral.
No fue si no hasta octubre de 2016 cuando los diputados le dieron el primer debate y el 20 de febrero pasado se inició el segundo debate.
En esa fecha, los diputados aprobaron dividir en cinco bloques la discusión del segundo debate.
ARREMETE CONTRA los MEDIOS
Antes del inicio del debate, el diputado Soto hizo uso de la palabra en el período de incidencias y arremetió contra los periodistas, sin especificar nombres ni en qué medios laboran.
Soto, quien también es el presidente de la Comisión de Salud, Trabajo y Desarrollo Social, en la que permanece engavetado el proyecto de ley 61 sobre educación sexual y reproductiva, reaccionó tras la publicación de una entrevista concedida por él, sin referirse a un medio específico.
Soto dio una entrevista a este diario, que fue publicada en la sección Knockout del pasado domingo, titulada: “La sexualidad es una especie de conocimiento de lo que es tu sexualidad”.
“Respeto mucho a los periodistas, pero lo que yo no creo, señor presidente, es que una entrevista que uno da con el ánimo de no esconderse, porque también existe aquí la mentalidad de que los diputados en esta coyuntura nos estamos escondiendo, y uno les da entrevista a todos los periodistas para demostrar que aquí no se le tiene miedo a ninguna pregunta. Pero aquí hay un ánimo de tratar de perjudicar la imagen de los diputados, de atentar contra la personalidad de esta Asamblea, y yo creo que eso debe tener un límite, señor presidente”, expresó Soto.
Manifestó que no se le puede estar irrespetando a un diputado cada vez que le da la gana a un periodista.
“Aquí hay periodistas serios, responsables, que dependen de una profesión y que las preguntas que hacen abonan a un tema, abonan a una causa, abonan a una solución de una problemática; pero hay preguntas que hacen con todo el ánimo de desprestigiar, de descalificar y ofender a los diputados, y yo creo, señor presidente, que eso está bueno”, exclamó.
El diputado oficialista pidió al presidente de la Asamblea que apruebe “controles” para limitar el acceso al Legislativo a “periodistas que atentan contra la personalidad de esta entidad”.
“Ha llegado el momento de poner ciertas limitaciones, sobre todo, a aquellas personas que vienen a atentar contra la institucionalidad de este órgano del Estado; son necesarias, señor presidente”, dijo Soto, dirigiéndose a Rubén De León, presidente de la Asamblea Nacional y quien lideró el debate de la sesión de anoche.
