Cinco empresarios de tres grandes constructoras de Perú fueron arrestados preventivamente ayer por 18 meses, acusados de participar junto a la firma brasileña Odebrecht en sobornos de $20 millones al expresidente peruano Alejandro Toledo a cambio de un millonario contrato.
El juez ordenó la prisión preventiva para directivos de Graña y Montero, JJC Contratistas Generales e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales, que fueron socias de Odebrecht en la construcción de una carretera al sur fronteriza con Brasil.
Los papeles de Graña y Montero han caído drásticamente este año por el escándalo y sus finanzas fueron duramente golpeadas por la cancelación de un proyecto de gasoducto de $7 mil 200 millones controlado por Odebrecht.
El juez también dictaminó la detención de José Alejandro Graña Miró Quesada, quien renunció a su cargo de presidente del directorio de Graña y Montero en febrero, y el exdirectivo de la firma constructora Hernando Alejandro Graña Acuña.
El magistrado dictó además el arresto domiciliario a otro exdirector de Graña y Montero involucrado en el caso, Gonzalo Ferraro Rey, quien está internado en una clínica local por razones de salud, dijo la fiscalía.
Todos los procesados apelaron el fallo del juez, dijo Roger Yon Ruesta, abogado de Ferraro Rey, que negó la acusación y dijo que el juez no atendió las pruebas de arraigo de su cliente ni la entrega del pasaporte peruano e italiano de su defendido.
Concepción Carhuancho determinó también la prisión preventiva para Fernando Martín Gonzalo Camet, presidente de JJC Contratistas Generales, y para José Fernando Castillo Dibós, gerente de Ingenieros Civiles y Contratistas Generales.
El fallo se produjo en momentos en que el fiscal del caso, Hamilton Castro, enfrenta una investigación interna por un supuesto encubrimiento de los acusados.