La mayoría opositora en el Parlamento venezolano denunció ayer ante la Fiscalía a las autoridades de justicia, a las que acusa de servir al chavismo, por considerar que busca la anulación de ese órgano del Estado como parte de un profundo conflicto de poderes.
El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, acudió al Ministerio Público a presentar los alegatos luego de que el pasado fin de semana el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) suspendiera las decisiones de siete sesiones del Parlamento realizadas en abril y mayo.
“Todo esto forma parte del tinglado que vienen preparando para acusarnos de desacato, convertir el desacato en flagrancia, la flagrancia en una especie de ilícito que afecta nuestra inmunidad”, aseguró Ramos Allup, al insistir en que la Corte busca “allanar” la protección parlamentaria.
La Sala Constitucional del TSJ decidió suspender de manera cautelar “los efectos” y “actos” de esas sesiones, al admitir demandas de nulidad interpuestas por legisladores chavistas, que acusan a la directiva parlamentaria de incumplir el reglamento que exige convocar las reuniones con 48 horas de anticipación.
“No vamos a acatar ninguna sentencia o decisión de cualquier organismo que viole la Constitución y nos impide el derecho a la defensa”, sentenció Ramos Allup.
El dirigente opositor señaló que “al no poder recurrir a un organismo írrito” acude a la Fiscalía a “consignar los argumentos respecto de este insólito caso que lo que pretende es desconocer la voluntad popular expresada el 6 de diciembre”.
Venezuela vive un fuerte conflicto de poderes desde enero, cuando la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) asumió el control del Legislativo tras ganar las históricas elecciones parlamentarias de diciembre, que pusieron fin a 17 años de hegemonía chavista. Desde entonces, el TSJ ha anulado casi todas las decisiones tomadas por los parlamentarios, declarándolas inconstitucionales.
“No puede ser que un organismo viciado de nulidad absoluta, como la Sala Constitucional del TSJ, trate de prelar o de tener vigencia por encima de la voluntad popular expresada en las últimas elecciones”, manifestó.
La polarización política que sufre Venezuela arreció luego de que la oposición empezara el proceso para impulsar un referendo contra el presidente Nicolás Maduro.
INFORME
Entre tanto, la Comisión de Participación Política y Financiamiento (Copafi) del Consejo Nacional Electoral (CNE) entregó al directorio del organismo el “informe de recomendación de procedencia” de la solicitud del referéndum revocatorio de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), según publicó el diario El Nacional
La información fue confirmada por el rector Luis Emilio Rondón, presidente de la instancia. “Copafi remitió al CNE el informe relativo a la recomendación de procedencia sobre el escrito de participación presentado por la MUD”, escribió Rondón en Twitter.
Juan Carlos Caldera, representante de la MUD ante el CNE, aseguró que en el informe, Copafi aprobó la solicitud del revocatorio.
Ahora el directorio deberá aprobar la solicitud y pedir a la Junta Nacional Electoral que elabore una propuesta de puntos para la próxima recolección de firmas que activa el revocatorio (20% de los electores), paso que no deberá demorar más de 15 días hábiles, de acuerdo con las Normas para la Promoción y Solicitud de Referendos Revocatorios.
La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, afirmó que la propuesta de centros podría presentarse entre el 14 y el 16 de septiembre, fecha que coincidiría con la finalización de los 15 días hábiles, si el directorio aprueba la solicitud.
Si la recolección de firmas se hace en octubre, el revocatorio aún puede efectuarse en diciembre.
REPRESALIAS
Por su parte, el presidente venezolano Nicolás Maduro ordenó a sus ministros remover de sus cargos a directivos y funcionarios que apoyan el referendo revocatorio.
El dirigente oficialista y alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, dijo que Maduro pidió citar a los ministros de Alimentación, Empresas Básicas, Finanzas, Despacho de la Presidencia y Trabajo para establecer que “no pueden haber en cargos directivos... personas que estén en contra de la revolución y del presidente”.
“Tiene un lapso, un plazo, de 48 horas para que estas personas... pues tengan otro destino laboral”, indicó Rodríguez.
El ministro de Comunicación, Luis José Marcano, manifestó su respaldo al anuncio de Rodríguez y dijo al canal de noticias Globovisión que no conoce ningún caso de un empleado de bajo rango que haya sido despedido. “Están los tribunales y están las instancias laborales para hacer los reclamos”, agregó.
Maduro hasta el momento no ha emitido comentarios al respecto.
Luego de la recolección de firmas a favor del referendo, algunos empleados públicos denunciaron que fueron despedidos por apoyar la consulta. Una de ellas es Yelitza Badell, una abogada de 50 años despedida en julio del estatal Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera.
Badell dijo a la AP que “más de 200” trabajadores de esa entidad han sido despedidos en los últimos meses por firmar a favor del referendo.
“La gente que está adentro (de los organismos públicos) está viviendo el verdadero terrorismo”, sostuvo la exfuncionaria al asegurar que se han intensificado las amenazas internas contra los empleados públicos. “Eso es un infierno. La amenaza es 'el que se atreva lo despiden”, agregó.
Al ser consultado sobre el tema, el defensor del Pueblo Tarek William Saab dijo a la prensa que “el derecho al trabajo debe siempre evaluarse en función de la eficiencia de sus empleados... en función de su compromiso con la institución, con el país, con la paz, con la estabilidad”.
La Asamblea Nacional revisa más de mil denuncias de empleados del ente recaudador de impuestos, la corporación estatal de servicio eléctrico, dos bancos del Estado y la Policía Nacional que fueron despedidos de sus cargos por firmar a favor del referendo, de acuerdo con la presidenta del cuerpo legislativo Delsa Solórzano.
La oposición busca que el referendo se realice este año, porque de ser derrotado Maduro debería llamar a elecciones. Pero si se retrasa a 2017 y el mandatario pierde, los últimos dos años de su período serán completados por el vicepresidente.
El secretario ejecutivo de la alianza opositora, Jesús Torrealba, dijo que de concretarse los despidos de empleados públicos se estaría “violando el derecho constitucional de expresarse políticamente”.