Con 65 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones, y alegando “negligencia notoria”, la Asamblea Nacional removió a Alfredo Castillero Hoyos del cargo de defensor del Pueblo, en medio de un proceso de supuesto acoso laboral y sexual.
La destitución se concretó, luego de una sesión de más de tres horas, en la que Castillero Hoyos fue acusado de “corrupto” y “negligente”, entre otros calificativos.
A veces, con voz firme, y en otras ocasiones con tono que denotaba abatimiento, Castillero Hoyos intentó defenderse de los cuestionamientos, aunque al inicio de su intervención vaticinó cuál sería el final.
“Mi nombre quedó manchado para siempre por un proceso irresponsable, mal llevado”, aseguró, después de argumentar que se le violentó la presunción de inocencia y el debido proceso.
El único diputado que no habló en su contra fue Hernán Delgado, de Cambio Democrático, quien aseguró: “si lo destituimos, incurrimos en una violación flagrante”.
Zulay Rodríguez, presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud, y la Familia, que lideró el proceso, dio detalles de supuestos casos de abuso sexual que cometió el hasta ayer ombudsman contra mujeres que trabajan en la Defensoría. “Ella tiene fotos de lo que pasó, de manera supuestamente voluntaria, pero usted ejercía un cargo de superioridad”, aseguró, refiriéndose a una de las supuestas víctimas.
Juan Diego Vásquez, diputado independiente y miembro de la subcomisión legislativa que impulsó la remoción de Castillero Hoyos, defendió la legalidad de la citación ante el pleno y recordó que hubo una citación ante la Comisión de la Mujer.
“Muéstremela”, le contestó el abogado. “Ojalá a usted nunca lo manchen como me han manchado a mi [...]. Ese camino que usted escogió está equivocado”, acotó.
Para entonces, su final estaba decidido. Fue su última día como defensor del Pueblo, tal como lo vaticinó.
El miércoles negro del Defensor del Pueblo
“Corrupto”, “no tiene moral para estar en el cargo”, “incompetente”, “renuncie”. Fueron algunas de las frases que escuchó ayer el defensor del Pueblo Alfredo Castillero Hoyos, de parte de los diputados durante su comparecencia en el pleno de la Asamblea Nacional. Castillero llegó al palacio Justo Arosemena a las 4:41 p.m. a responder un cuestionario de seis preguntas relacionado con supuestas quejas en su contra por acoso laboral y sexual, la parte medular de un proceso que le siguió la Comisión de la Mujer, de la Niñez, la Juventud y la Familia.
Las preguntas
En 16 minutos, el defensor respondió las seis interrogantes hechas por los diputados. Pero antes manifestó que sabía cuál sería el desenlace. “Pocas veces de la historia contemporánea de Panamá se han cometido tantos abusos en un proceso contra un servidor público. Se ha violentado la presunción de inocencia, el debido proceso, el juez natural, el contradictorio [...] Ni siquiera se nos permitió tener acceso al expediente. Se nos dejó en total indefensión y hoy aquí a esas violaciones se les agregan otras”, manifestó.
Mirando fijamente a los diputados, empezó a contestar las interrogantes.
-¿Diga, señor defensor, si usted maneja algún tipo de manual para evitar el acoso y hostigamiento laboral dentro de la Defensoría del Pueblo? ¿Se han denunciado casos que lo vinculan a usted u otros funcionarios?
Castillero Hoyos contestó que no ha sido informado debidamente sobre el contenido de las denuncias.
¿Usted mantuvo o mantiene alguna relación sentimental de tipo sexual, específicamente con alguna funcionaria o exfuncionaria a su cargo?
“Voy a ser categórico: cualquier acusación de acoso sexual es falso”, dijo.
Respondió el resto de los cuestionamientos y, de inmediato, tomó la palabra la diputada Zulay Rodríguez, presidente de la comisión que lidera el proceso.
Rodríguez habló explícitamente de acoso sexual. “No solamente se metió con ella, sino con cuatro personas, incluyendo a una mujer casada”, manifestó.
Aseguró que la víctima iba al edificio donde vive el defensor, que tenía los recibos de Uber de cuando se desplazaba al lugar, y que “tiene fotos”.
También aseguró que hay tres exfuncionarios que fueron destituidos por Castillero que tenían deseo de hablar ante el pleno legislativo y para quienes pidió cortesía de sala. Mencionó que Elsa Fernández, que fue defensora adjunta hasta julio pasado y ahora es la directora de la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información, envió a la comisión varias notas sobre las “vejaciones y hostigamiento laboral” que supuestamente recibió en la Defensoría.
El presidente de la Asamblea Nacional, Marcos Castillero, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), decretó un receso. En ese lapso se veía hablar a Castillero, al secretario del Legislativo Quibián Panay, y a otro grupo de diputados con el defensor y su abogado. Después de varios minutos, la sesión se retomó y habló la diputada Corina Cano, del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista. Hizo un resumen del caso. Recordó el “proceso” que el Legislativo le siguió al exdefensor Liborio García, y repetía, una y otra vez, que ella había sido respetuosa con el tratamiento del expediente. “No tengo nada contra él. Soy una persona seria”, expuso.
“No tiene la autoridad moral para seguir en el cargo. No está en la capacidad de continuar ocupando el cargo”, manifestó en varias ocasiones.
Otro que también habló fue Jairo Bolota Salazar, del PRD. Tildó a Castillero como “el corrupto este”. “Yo sé que ustedes hoy están aquí obligados”, expresó, al dirigirse al equipo que acompañaba a Castillero Hoyos.
Mayín Correa, de Cambio Democrático (CD), preguntó a Castillero por las acciones y diligencias que hizo en relación al estado de las cárceles de Panamá. “Yo vi a un expresidente al que le pusieron una culebra en la cama para que no durmiera, que lo sacaron a las 2:00 de la mañana con una sábana para que no durmiera... Y yo decía, ¿y la Defensoría del Pueblo? ¿Dónde está?”, reclamó.
Instó al defensor a que dejara el cargo: “renuncie, renuncie, renuncie, y no se exponga al voto para destituirlo”, expresó.
El independiente Gabriel Silva leyó el artículo 130 de la Constitución, que señala que el defensor debe “tener solvencia moral y prestigio reconocido”. La ley orgánica de la Defensoría, en tanto, contempla la remoción del cargo por negligencia.
Aseguró haber leído una denuncia presentada contra el defensor, por una mujer venezolana con VIH/sida. Señaló que el ombudsman era conocedor de faltas cometidas por el Servicio Nacional de Migración y el Ministerio de Salud, pero no presentó las respectivas denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos.
Castillero respondió que en julio de 2018 solicitó una visa humanitaria (que el expresidente Juan Carlos Varela eventualmente rechazó), que visitó en el albergue a dicha extranjera, y que presentó una acción de habeas corpus a favor de esta persona ante la Corte Suprema de Justicia. En octubre de ese año, la Corte declaró legal la detención en el albergue. Paralelamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en atención a gestiones del defensor, solicitó medidas cautelares a favor de la mujer.
Hernán Delgado, de CD, se refirió al expediente de mil páginas que no se le permitió ver al defensor. Advirtió que las causales esgrimidas en el pleno para remover a este funcionario no son las que contempla la Ley. También mencionó los recursos que Castillero presentó ante la Corte, por lo que, a su juicio, la Asamblea tiene que, “obligatoriamente”, respetar lo que ese tribunal decida. “Si lo destituimos, incurrimos en una violación flagrante”, argumentó.
El independiente Juan Diego Vásquez, quien integró la subcomisión que “investigó” el caso, aseguró que la Asamblea no está haciendo un juicio penal, porque no puede. Defendió la legalidad de la citación y dijo que previamente hubo una citación ante la Comisión de la Mujer. Recordó que del defensor envió una nota a la comisión, pero no explicó por qué decidió no acudir.
Castillero pidió que le mostraran dónde estaba la citación. “Muéstremela”, dijo, mientras mirada fijamente al diputado. “Ustedes han hecho una expedición de pesca”. “Ojalá a usted nunca lo manchen, como me han manchado a mí... Ese camino que usted escogió está equivocado”, le dijo Castillero a Vásquez.
Poco antes de las 8:00 p.m. la Asamblea tomó la decisión: remover al defensor del Pueblo de su cargo. Diputados de todos los partidos votaron a favor de esta moción. De paso, declararon la vacante del puesto. Para entonces, ya Castillero había abandonado el pleno.
