Asamblea instala a diputados vetados por el chavismo

Asamblea instala a diputados vetados por el chavismo
El Tribunal Supremo había ordenado separar de sus cargos a los tres diputados indígenas posesionados ayer.

El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, incorporó a tres diputados que la justicia había ordenado separar de sus cargos, en abierto desafío al oficialismo que pone más leña a la hoguera en la pugna por el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.

Con la Constitución en la mano y penachos en la cabeza, los diputados indígenas del estado Amazonas fueron juramentados este jueves por el presidente de la Asamblea Henry Ramos Allup, entre aplausos de sus colegas opositores y el rechazo de los chavistas.

“Pueden incorporarse en plenitud de derechos (...) No vamos a acatar ninguna sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que viole esta Constitución”, afirmó Ramos Allup desde la tribuna del hemiciclo. Previamente, el jefe del bloque oficialista Héctor Rodríguez advirtió de que “este acto es absolutamente ilegal, inconstitucional, y los excandidatos de Amazonas que asuman su responsabilidad”.

Su compañero de bancada Pedro Carreño expresó que los tres legisladores usurpan funciones, por lo que los tribunales “tendrán que actuar de manera expedita”.

La investidura de los tres legisladores -cuya elección impugnó el chavismo por supuesta compra de votos- aumenta aún más la tensión por el referendo revocatorio que impulsa la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) contra Maduro.

“El enfrentamiento de poderes llega a su máxima expresión”, declaró a AFP el constitucionalista Juan Manuel Raffalli, advirtiendo sobre un desconocimiento mutuo entre el Parlamento y el TSJ, acusado por la oposición de ser el tentáculo jurídico del gobierno.

Raffalli previó que la corte invalidará la decisión de juramentar a los tres asambleístas y declarará a la Asamblea en desacato -como lo hizo en enero cuando juramentó a estos tres dirigentes-, con lo cual sus “actos serán considerados nulos”.

El TSJ tiene además en sus manos una demanda interpuesta por el mandatario contra la recolección de 200 mil firmas exigidas para activar el revocatorio, alegando fraude.

Otros 8 mil 600 recursos jurídicos amenazan la iniciativa opositora. Sin embargo, el experto en asuntos electorales Eugenio Martínez desestima que este nuevo conflicto afecte directamente el proceso de referendo, aunque “enturbia mucho más el ambiente político”.

A la MUD le urge que la consulta revocatoria se haga antes del 10 de enero de 2017, pues si Maduro pierde el referendo habrá nuevas elecciones presidenciales.


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