Una vez más, la asediada presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, se ve obligada a luchar para mantenerse en el poder.
En los últimos siete días, la larga saga por el futuro político de Rousseff se deterioró considerablemente, culminando el pasado jueves en una petición de los fiscales de poner a su predecesor y mentor, Luiz Inácio Lula da Silva, bajo prisión preventiva.
Los mercados financieros de Brasil, castigados durante meses por una desaceleración económica brutal y una serie aparentemente interminable de escándalos por corrupción, reflejaron un sentimiento creciente de que Rousseff podría no sobrevivir políticamente.
Con las nuevas acusaciones surgidas de que coimas de la compañía petrolera estatal Petrobras ayudaron a financiar su reelección, los detractores del Gobierno se preparan para protestas callejeras esta semana, en tanto sus aliados están comenzando a desertar en vísperas de una votación por un juicio político en el Congreso.
“Día a día, sus probabilidades de supervivencia bajan”, dijo André César, analista político y fundador de la empresa consultora Hold Assessoria Legislativa. “El bombardeo de acusaciones, los aliados que le dan la espalda, la perspectiva de una protesta popular puede resultar demasiado para ella”.
La presión comenzó a crecer con el arresto del estratega de campaña de Rousseff –Joao Santana– el mes pasado y la publicación de acusaciones de que ella trató de interferir en las investigaciones por corrupción.
La crisis política alcanzó un nuevo hito con la breve detención de Lula el pasado 4 de marzo, deteriorándose aún más esta semana en tanto los fiscales estatales solicitaron una orden judicial para su detención preventiva. Tanto la presidenta brasileña como Lula han negado en reiteradas oportunidades haber cometido delito alguno.