Aunque la tarifa oficial del transporte público en la ciudad capital es de 25 centavos, la realidad es que los usuarios están pagando hasta un dólar en algunos sectores.
Tras un breve recorrido en áreas como vía España y el distrito de San Miguelito se pudo comprobar que los transportistas de los denominados “diablos rojos” y de los buses Coaster —que recorren las rutas internas de las zonas— cobran 50 centavos por el transporte.
Luis Torres, dirigente del movimiento 23 de Octubre, señaló que en ocasiones los usuarios son maltratados física y verbalmente por negarse a pagar la tarifa que exigen los transportistas.
Agregó que la situación ha sido denunciada ante la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), infructuosamente.
Torres opinó que se requiere que la ATTT ponga “mano fuerte contra el abuso que sufrimos los usuarios a diario no solo por los diablos rojos y las chivas, sino también por los piratas”.
JUSTIFICAN AUMENTO
La situación fue reconocida por los representantes de las prestatarias del servicio de transporte público en San Miguelito, Panamá este y Panamá norte.
Luis Rodríguez, representante de la concesionaria Transporte del Futuro, S.A. (Transfusa), que ofrece servicio en el sector norte de la ciudad —Las Cumbres, Alcalde Díaz y Chilibre—, indicó que como transportistas no tienen otra opción.
Aseguró que los costos de operación y el combustible se han elevado, además ha crecido la proliferación del transporte ilegal, que calificó como una “competencia desleal” que los “obliga” a incrementar la tarifa.
Según Rodríguez, en esta zona hay 412 buses que ofrecen el servicio a más de 60 mil usuarios.
En tanto, Eduardo Álvarez, del Sindicato de Conductores de Transporte Colectivo, manifestó que mientras la empresa Transporte Masivo de Panamá (Mi Bus) recibe un subsidio millonario por el pasaje, “nosotros no tenemos nada”.
Desde que en 2010 entrara en operación el servicio del Metro Bus, la empresa Mi Bus ha llegado a recibir hasta 140 millones de dólares anuales en concepto de subsidio, con el objetivo de que los usuarios no paguen el precio real de 45 centavos por el pasaje.
Álvarez agregó que han solicitado en reiteradas ocasiones que los miembros de la ATTT “entiendan” su situación e inicien los estudios necesarios para que sea validada la necesidad y se les permitan el aumento legal del pasaje, pero no ha habido respuesta.
“Es cierto que todos los transportistas cobramos ese pasaje, pero es porque no tenemos otra alternativa”, dijo el dirigente.
‘ES ILEGAL’
Edwin Juárez, director de Movilidad Urbana de la ATTT, calificó como un “abuso” el incremento de manera unilateral de la tarifa por parte de los transportistas.
Detalló que hasta el pasado mes de agosto la ATTT impuso mil 102 multas a conductores del transporte público por “infringir las prohibiciones con relación a los pasajeros o negarse a llevar pasajeros”, contenida en los artículos 136 y 137 del Decreto Ejecutivo 640 de 2006, que establece el Reglamento de Tránsito Vehicular.
Señaló que estos artículos contemplan todos aquellos actos que vayan en detrimento de los pasajeros como el aumento del pasaje. De hecho, del total de las multas colocadas hasta la fecha, unas 500 corresponden a este punto.
El reglamento de tránsito establece una sanción al conductor de 75 dólares, si es la primera vez. De ser reincidente se inicia una investigación que puede llevar hasta la cancelación del cupo de operación, de comprobar la falta.
Juárez señaló que los inspectores de la ATTT realizan investigaciones de campo, pero requieren de la colaboración de los usuarios para que cuando realicen sus denuncias aporten información que permita ubicar a los involucrados.
Mencionó que sería más factible que las personas tomen nota de la ruta del vehículo, placa o certificado de operación y la hora del incidente.
“Aumentar la tarifa de manera unilateral es ilegal y vamos a hacer lo que nos permite la ley para que esta mala práctica se deje de aplicar”, señaló Juárez.
Mediante la Ley 42 del 22 de octubre de 2007, que reforma la Ley 34 de 1999 que creó la ATTT y la Ley 14 de 1993 que regula el transporte terrestre público, se establece que los ajustes de la tarifa es una facultad de la junta directiva de la ATTT.
Para ello se necesita hacer un estudio técnico y una consulta ciudadana que posteriormente debe ser sometida a la junta directiva, quienes deciden si se procede o no.
La actual tarifa del transporte público en la ciudad capital fue fijada mediante el Decreto Ejecutivo 296 del 13 de diciembre de 2001.
Para aquel entonces la presidenta de la República, Mireya Moscoso, llegó a un acuerdo con los miembros de la Cámara Nacional del Transporte.
El pacto consistía en que el Gobierno unificara la tarifa en 25 centavos y otorgara un crédito de 30 millones de dólares a través del Banco Nacional para la renovación de la flota, mientras que los conductores aceptaban mejorar la calidad del servicio y de atención a los usuarios.