Una investigación adelantada por la Fiscalía Cuarta Anticorrupción puede determinar que la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme) violó la ley de contrataciones públicas al asignar 25 contratos a una misma empresa, entre los años 2012 y 2013, para hacer trabajos en la institución.
El fiscal William Parodi, a cargo de la investigación, detalló que en el caso se ha solicitado una auditoría de todos los contratos a la Contraloría General de la República.
Explicó que se investiga el fraccionamiento intencional de algunos contratos asignados a una misma empresa para determinar si se ocasionó una lesión patrimonial al Estado.
El funcionario detalló que las normas de contratación pública permiten la adjudicación directa de contratos cuando estos no superan los $175 mil, pero que a partir de esta cifra se establecen unos requerimientos más estrictos.
Planteó que en el expediente no se han formulado cargos en contra de quienes pudieran estar implicados en las irregularidades detectadas. También se ha pedido a Ampyme la documentación de los contratos asignados a la empresa.
Según Parodi, se prestó el servicio contratado, pero la propia asignación de los contratos pudo generar una lesión al Estado.
Alegó que el fraccionamiento de los contratos y posterior asignación a una sola empresa evitó que otras compañías interesadas pudieran participar en ellos.
A la vez confirmó que se revisará el pliego de cargos elaborado por Ampyme para la contratación de los servicios y conocer si se hicieron de manera específica para favorecer a una empresa.
La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, luego de que solicitara a la procuradora Ana Belfon la investigación de una posible comisión de actos ilícitos en los contratos otorgados por la administradora de la Ampyme, Giselle Burillo, a una empresa dedicada a brindar asistencia y capacitación en materia de manicura y pedicura.
Este informe remitido hacía referencia a los 25 contratos otorgados a Consultores Estratégicos de Panamá, S.A.
Los contratos bajo investigación buscaban asistencia técnica y capacitación empresarial y la entrega de kits para carpintería, belleza, fumigación, jardinería y capacitación en cultura. Por cada contrato la empresa consultada ofertó 175 mil dólares, el mismo monto establecido como precio base de la licitación.
Según el fiscal Parodi en este caso aún se deben agotar algunas diligencias antes de poder formular algún tipo de imputación.
Se buscó una versión de la ex administradora de Ampyme Giselle Burillo, pero su abogado Carlos Carrillo informó que se encuentra de viaje y que tan pronto esté de regreso dará una versión sobre la investigación que adelanta la fiscalía por este caso.
Los contratos se asignaron durante la administración de la exfuncionaria.