El pasado 13 de agosto, el director de la Caja de Seguro Social (CSS), Guillermo Sáez–Llorens, compareció a la Asamblea Nacional para responder un cuestionario sobre su gestión.
Allí, en el podio, de pie ante los diputados, sus funcionarios y todo un país que lo seguía con expectación, fue interrogado sobre las muertes por la bacteria Klebsiella pneumoniae carbapenemasa resistente (KPC), reportadas en el Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid y dadas a conocer por los medios de comunicación en julio de 2011.
“Cuando me enteré de lo de la KPC fue precisamente por un espacio noticioso y ahí tomamos acción al respecto”, aseguró Sáez–Llorens. Pero, ¿quién era el responsable de comunicarle? ¿Como director general de la CSS debió conocer de la alerta hospitalaria decretada en el Complejo? ¿Incumplió sus deberes como servidor público? Son interrogantes que él no ha querido responder.
Sin embargo, documentos a los que tuvo acceso este diario demuestran que se alertó de la KPC a las autoridades del Complejo meses antes de que se confirmara la presencia de la bacteria en el nosocomio.
La primera nota, con fecha del 1 junio de 2010, fue enviada por José Luis Moreno, coordinador del Comité de Infecciones Nosocomiales, a Alonso Alvarado, entonces director médico del Complejo, para ponerlo en conocimiento de algunos casos de pacientes hospitalizados con Klebsiella pneumoniae multirresistente. (Ver facsímil).
El documento señala que el control de todos los casos con estos microorganismos se manejaron con las precauciones de contacto para evitar el cruce de estas cepas a pacientes, visitantes y al personal de salud de la entidad.
“Del total de los cinco casos, todos tenían más de 15 días de hospitalización y manejados en diversas áreas del hospital. De los pacientes fallecidos con este microorganismo ambos tenían múltiples factores de riesgo y falla orgánica, hospitalización prolongada y manejo crítico en la unidad de cuidados intensivos por la condición de fondo”, indica la misiva.
Seis meses después, exactamente el 20 de diciembre de 2010, Moreno envió otra nota a la Dirección Médica del Complejo Hospitalario, ahora bajo la responsabilidad de Roberto Mitre, en la que detalla la confirmación de la enzima KPC en dos de las cepas, lo que requería el cumplimiento “estricto” de las medidas de prevención estándares.
“Los dos pacientes que se detectaron con esta cepa, ya no están hospitalizados, por lo que esto es una voz de alerta para el personal de salud que atiende directamente al paciente. Es importante que se tomen las medidas preventivas a fin de evitar que esta cepa provoque una infección nosocomial en vista de que ya tenemos la cepa resistente circulando en la comunidad”, concluye la carta.
A pesar de estas notificaciones sobre una alerta microbiológica, los casos iban en aumento y ya, para el 15 de mayo de 2011, el Comité de Infecciones Nosocomiales (entre sus funciones asesora al Director Médico del Complejo) tenía registros que daban cuenta de 23 detectados. Ante esta situación, Moreno solicitaba a Mitre, otra vez, poner en marcha las medidas básicas de bioseguridad.
ÚLTIMA NOTA y relevo
El 3 de junio de 2011, Moreno envió a sus superiores la última nota de advertencia como coordinador del Comité de Infecciones Nosocomiales del Complejo Hospitalario, ya que cinco días después, es decir, el 8 de junio, fue relevado del cargo por orden de las autoridades de la CSS.
La misiva denota cierta desesperación de Moreno, al ver que el problema se incrementaba en las instalaciones hospitalarias.
De hecho, mencionó que el Comité seguía cada vez “más preocupado” por la detección de la cepa Klebsiella pneumoniae resistente a antibióticos y que, a pesar de todas las medidas y recomendaciones verbales y escritas, estas no causaron el impacto suficiente en el personal de salud pese al evidente aumento de los casos.
“Es importante que se divulgue esta información y que a nuestros niveles locales tomen mayor interés sobre todo los servicios involucrados con esta cepa, para que se unan esfuerzos en el control de la misma porque se trata de una situación grave”, destaca esta circular dirigida al director médico general del Complejo Hospitalario.
Hasta ese momento ningún medio de comunicación había reportado sobre la KPC, y las autoridades de la CSS guardaban silencio de lo que ocurría con los pacientes. Solo cuando la situación tuvo su tope, en julio de 2011, empezó la comunicación oficial.
La primera en proporcionar información fue la subdirectora ejecutiva nacional de Servicios y Prestaciones en Salud de la CSS (hoy titular en el cargo), Liska Richards, quien el 28 de julio explicó que los pacientes muertos por KPC tenían más de una enfermedad y las defensas “demasiado bajas”.
A partir de esa fecha, la entidad comenzó a aplicar medidas como el traslado de los pacientes del Complejo Hospitalario al hospital 24 de Diciembre, exigir al personal médico cumplir las normas de bioseguridad y a desinfectar las salas de atención.
No obstante, en varias oportunidades, durante ese período, los gremios médicos instaron a los responsables del Complejo Hospitalario a comprar equipo de aseo y guantes adecuados, ya que los existentes no servían para sus labores regulares.
Estas quejas sobre falta de implementos de limpieza y otros insumos fueron respaldadas por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en un informe que elaboró durante la crisis sanitaria, contenido parcialmente en la vista fiscal del caso.
En ese sentido, el personal de la OPS hizo una visita de reconocimiento, el 3 de agosto de 2011, a las áreas principales del hospital donde había pacientes portadores o estuvieran en aislamiento por la KPC, para verificar sus condiciones.
Los expertos del organismo internacional detectaron en un recorrido que en las áreas de atención al paciente no había la totalidad de los insumos imprescindibles para seguir las medidas de precaución, tales como jabón, papel para secar las manos, gel alcoholado, batas y guantes.
Tampoco, el equipo para el cuidado de estos pacientes, entre ellos, estetoscopio, esfigmomanómetro y termómetros individuales.
Por otra parte, la OPS hacía referencia a que no había divulgación de las normas de limpieza y de conocimiento del personal sobre las recomendaciones de aseo de los equipos y superficies planas.
Igualmente, no hubo pautas de supervisión para verificar los procesos de enfermería. Además, se mencionaba que los antisépticos no estaban en sus botellas originales y no contaban con identificación y fecha de caducidad.
En el informe de la OPS también se determinaba que la KPC registró un crecimiento entre los meses de marzo a abril de 2011 y que, en julio, reportó su pico en muestras positivas.
Sobre las muertes por la bacteria, la OPS señaló que, al 3 de agosto de 2011 había un acumulado de 71 pacientes con aislamiento por KPC y de esa cantidad había 37 muertos al 11 de agosto de 2011.
De esos enfermos, un porcentaje de entre 46.5% y 60.5%, se encontraba distribuido en diferentes salas o servicios médicos, al igual que en unidades de cuidados intensivos al momento de la toma de la primera muestra positiva.
Según el certificado de defunción incluido en el expediente clínico, la causa de muerte en el 72.9% de los 37 pacientes tuvo un origen infeccioso.
En el proceso de investigación de la OPS para esa fecha, se detectó la existencia de otras bacterias multirresistentes, como la Clostridium difficile, Enterobacter KPC, Acinectobacter, Pseudomona.
MINSA FUE INFORMADO
Las declaraciones de los funcionarios reposan en el expediente que instruye el Ministerio Público y también dan cuenta de que el Ministerio de Salud (Minsa), desde 2010, había sido informado de la bacteria.
Bajo juramento, Eduardo Lucas Mora, en ese entonces director general de Salud del Minsa, confirmó que conoció de la presencia de la KPC en el Complejo Hospitalario el 20 de diciembre de 2010, mediante el Laboratorio Central de Referencia de la CSS.
Mora aseguró en su declaración que ante esa notificación inmediatamente se activó el sistema de alarma del Minsa y, por ende, se enviaron circulares a todos los hospitales públicos y privados con las recomendaciones a seguir.
Manifestó que en los informes de monitoreo semanales que cada hospital debía remitir al Departamento de Epidemiología del Minsa no se hizo alusión a la detección de esta bacteria en el Complejo Hospitalario por parte de la CSS.
Incluso, expresó que Epidemiología Nacional de la CSS remitió una nota a Epidemiología del Minsa para informar sobre la presencia de dos cepas productoras de KPC y que se habían adoptado las medidas para controlar y vigilar la situación.
El exdirector general de Salud destacó, según su declaración, que posteriormente no se hizo mención de la KPC hasta que se recibió el informe de la semana epidemiológica 22 –abarca del 29 de mayo al 4 de junio de 2011– y en el que se reportaron 33 casos y tres defunciones.
Tras ese panorama, sostiene, el Minsa, en conjunto con una misión de la OPS, visitó el Complejo Hospitalario para conocer la situación. Indicó que en esa cita se le ofreció a la CSS el apoyo de los consultores del organismo internacional de manera que se hiciera un análisis más profundo.
A pesar de eso, dijo que la CSS no dio respuesta a su ofrecimiento. Sin embargo, Mora concluyó que una vez detectado el brote, las medidas de control no fueron las adecuadas por parte del Comité de Control y Prevención de las Infecciones Nosocomiales del Complejo Hospitalario.
Este medio envió reiterados cuestionarios al director de la CSS, Guillermo Sáez–Llorens, pero no respondió. Se contactó al médico Roberto Mitre para conocer su versión de los hechos y pidió se le enviara el cuestionario. Al cierre de esta edición todavía no había respondido.
Sigue el sufrimiento por la tragedia
Con rabia, frustración y dolor aún viven los familiares de las personas que fallecieron por la Klebsiella pneumoniae carbapenemasa (KPC) en el Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social (CSS). La bacteria, hasta su control, dejó una cantidad de muertes que varía dependiendo de la autoridad que la contabilice. Pero, a tres años de esa crisis sanitaria, parientes de las víctimas se preguntan ¿por qué una instalación de salud, en vez de bienestar, lo que ofreció fue sufrimiento y muerte? Uno de ellos es Sara Mancilla, una jubilada de 68 años que perdió a Epaminondas Castillo Guisado, su “esposo, compañero y amigo” por 48 años
La voz de Mancilla aún se resquebraja cuando recuerda cómo se dieron los hechos que la dejaron viuda y con afecciones psiquiátricas y motoras. Relata que el 21 de junio de 2011 a su esposo le dio un paro respiratorio, por lo que pensó trasladarlo al hospital Santo Tomás para su atención. Sin embargo, al salir de su casa, ubicada en el distrito de Arraiján, observó que las condiciones que presentaba no eran las mejores, por lo que lo llevó a la policlínica Régulo Sánchez de la CSS, en esa comunidad. Cuenta que allí le dieron los primeros auxilios, pero también empezó un vía crucis hasta su muerte el 7 de agosto. Mancilla afirma que no la dejaron ir al Santo Tomás, sino que “prácticamente” la obligaron a trasladarlo a urgencias de la CSS, donde, luego de atenderlo, lo dejaron hospitalizado. “Lo llevaron a una salita en la cual permaneció tres días, y luego lo subieron a la unidad de cuidados intensivos en el tercer piso del Complejo”, señala. Allí padeció una neumonía que le aumentaba la temperatura del cuerpo. Mancilla se quejaba, pero los médicos no le daban las respuestas que la convencieran. Al padecimiento de su esposo se unió el suyo. El día que su esposo murió no pudo acompañarlo porque estaba hospitalizada. A su sepelio asistió en silla de ruedas y con permiso médico. Hoy, tras conocer sobre el brote de la bacteria que se presentó durante el tiempo en que su esposo estuvo recluido en la CSS, solo espera que los responsables “paguen por el daño que hicieron”.
Mancilla no es la única que piensa que la justicia por esta tragedia avanza lenta. Igual están los familiares de María Leonor Ramírez, una ciudadana de Colombia, de 73 años, que llegó a pasar una temporada con sus hijas en Panamá, pero no pudo regresar a su país porque la KPC se lo impidió. Al igual que Castillo Guisado y las otras víctimas de la bacteria nosocomial, Ramírez ingresó al centro hospitalario para atenderse una afección que le provocaba un ligero dolor en el estómago. Como padecía diabetes, sus hijas cuentan que decidieron no correr riesgos y la llevaron al cuarto de urgencias del Complejo. Relatan que cuando llegaron eran las 7:00 p.m. del 13 de junio. La sala estaba llena y su madre les pidió que se fueran del lugar, pero no accedieron porque querían que la atendieran. Ramírez terminó hospitalizada, sedada, con una traqueotomía y una bacteria que impidió que sus hijas se acercaran a verla. Ellas manifiestan que la única comunicación fue de las enfermeras, quienes les informaron que tenía una bacteria muy “fuerte” y que la diabetes le podía causar la muerte. Y así fue. Falleció el 2 de agosto, 19 días después de ingresar a la CSS. Sus hijas recuerdan que para agosto de 2011 llegar al hospital era “desastroso”, porque siempre encontraban personas llorando y relatos sobre más muertes. Después del triste desenlace de su madre, también esperan que el proceso judicial avance y se sancione a los culpables. Esta misma esperanza tienen los hermanos Palacios. Los 12 hijos de Tomás Palacios Mejía, un conductor de buses de Capira de 56 años de edad. Todos los años se reúnen en la isla de Taboga para honrar a su padre cuyas cenizas arrojaron al mar hace tres años. Niky Abdiel Palacios, de 31 años, cuenta que su papá se infectó con la KPC cuando le hicieron un “raspado” para tratarle una infección que presentaba “en el dedo gordo de uno de sus pies”. Relata que, junto a sus hermanos, lo llevaron al cuarto de urgencias del Complejo Hospitalario para que le atendieran la herida, la cual se provocó cuando por equivocación se calzó los zapatos al revés. “Solo fue cuestión de menos de 24 horas. A mi papá le tocaba el último turno para Capira. Por la premura en arreglarse se puso los zapatos mal y le afectó el dedo, porque él era diabético. Al día siguiente terminó en la CSS, donde comenzó el sufrimiento. Primero, lo llevaron, lo atendieron y le dieron el alta. Al día siguiente lo volvieron a llevar y se quedó hospitalizado. Su hijo Niky cuenta que, estando recluido, a su papá le informaron que le amputarían el dedo, a lo que estuvo conforme, si con eso remediaba su padecimiento. Sin embargo, días más tarde los médicos le explicaron que no sería el dedo, sino la pierna, lo que le desanimó. Aunque ya no estaba bien, porque justo después del “raspado al dedo” infectado también sufrió diarrea. Palacios murió el 3 de agosto de 2011. Él y sus hermanos aún esperan la explicación de las autoridades de la CSS y que se castigue a los responsables.
URANIA CECILIA MOLINA
De llamamiento a juicio y sobreseimientos
En un auto mixto, la Fiscalía Décima de Circuito solicitó el llamamiento a juicio de seis de los investigados por el presunto delito de homicidio culposo, en perjuicio de las víctimas de la bacteria KPC en el Complejo Hospitalario, y el sobreseimiento provisional para otros cinco.
En la vista No. 2 del pasado 28 de julio de 2014, la fiscal décima Vielka Vargas de Byrne estableció que contra los sindicados José Luis Moreno, Tomás Santizo, Guadalupe Castillo, Rosalía Quintero, Carole Lawson y Juan Parada, miembros del Comité de Infecciones Nosocomiales, existen suficientes indicios para la apertura de causa criminal por el presunto delito de homicidio culposo.
En el caso de Darío Flores, Rolando Rangel, Addie Ugalde de Sáenz, Deyra Santana y Anayansi González García, se solicitó un sobreseimiento provisional. En este proceso, según la fiscalía, quedó demostrado que las enfermeras Deyra Santana y Anayansi González García no tomaban decisiones ni eran encargadas de hacer recomendaciones dentro del Comité de Infecciones Nosocomiales. En cuanto a Darío Flores, se establece que fue miembro de este comité a partir del 13 de junio de 2011, en reemplazo de José Luis Moreno. En tanto, Rolando Rangel planteó que dentro de los archivos de la Caja de Seguro Social (CSS) no existen documentos que prueben su participación en el Comité de Infecciones Nosocomiales, además de la declaración de dos médicos de la institución que certificaron que nunca formó parte de esa instancia. En tanto, Ugalde de Sáenz señaló en su declaración que trabajó por años en la clínica laboral del Complejo Metropolitano y entre sus funciones estaba ser coordinadora del Comité Local de Gestión de Riesgo Hospitalario, encargada de la prevención en casos de desastres naturales, sismos, inundaciones e incendios.
En el caso de Guadalupe Castillo, su abogado
José Abel Almengor dijo estar en desacuerdo con la fiscalía, ya que su cliente no tiene vinculación en este caso. Detalló que ella solo se desempeñó como asesora del Comité de Enfermedades Nosocomiales y se limitó a hacer recomendaciones de asepsia y de seguimiento de las normas de salud.
Anunció que presentará un recurso de oposición a la vista fiscal. Por su lado, Gilberto Cruz Ríos, defensor legal de Carole Lawson, afirmó que su cliente aparece en el expediente solo por asistir a una reunión, en calidad de invitada, del Comité de Infecciones Nosocomiales.
JUAN MANUEL DÍAZ