La Corte Suprema de Guatemala autorizó ayer lunes que el Congreso analice retirar la inmunidad al presidente Jimmy Morales para que pueda ser investigado por presunto financiamiento electoral ilícito. La autorización da pie a un antejuicio, solicitado por la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig). En su defensa, Morales emitió un comunicado en horas de la tarde de ayer, en el que sostuvo que siempre ha defendido el Estado de derecho, el ordenamiento jurídico y la independencia de poderes.
DIPUTADOS DECIDIRÁN LA SUERTE DE JIMMY MORALES
La batalla para retirar la inmunidad al presidente guatemalteco Jimmy Morales ha comenzado. La Corte Suprema de Guatemala autorizó ayer lunes que el Congreso analice la situación para que la fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) tengan el camino libre para investigar al mandatario por presunto financiamiento electoral ilícito.
Y mientras el oficialismo ha dicho que defenderá a toda costa al presidente, otros consideran que para Morales ya es una lucha perdida.
Manuel Villacorta, doctor en sociología política, dice que la “aplastante” decisión de la Corte —11 votos a favor y 2 en contra— puede ser una muestra de lo que sucederá en el Congreso.
“El desafío ahora es encontrar los 105 votos (de 158 diputados) que se necesitan para retirar la inmunidad. Estamos llegando a un punto donde las lealtades políticas se pueden sacrificar frente a los intereses personales de los diputados. El voto será público y se conocerá cómo votaron. Votar en contra puede significar un costo muy alto para un diputado y para su carrera política”, agregó el experto.
En contraste, el analista Edgar Gutiérrez afirma que será difícil obtener los votos necesarios. “No lo veo factible. Muchos diputados se ven en el espejo del propio presidente, varios de ellos ya han perdido la inmunidad por otros delitos. Al menos ocho partidos más tiene problemas con financiamiento. Gran parte de la clase política está cuestionada por el sistema electoral”, dijo, y agregó que el mecanismo establecido en la ley para retirar la inmunidad es meramente político y no jurídico.
“Todo esto daña la institucionalidad del Congreso”, precisó.
El fallo de la Corte ocurre días después de que la Cicig y la Fiscalía anunciaran que detectaron irregularidades durante la campaña presidencial de Morales en 2015.
Dos días después, el mandatario ordenó la expulsión del comisionado anticorrupción de la Cicig, Iván Velásquez, lo cual desató una crisis política.
El vocero de la Corte Suprema, Ángel Pineda, fue quien anunció a periodistas la decisión.
Al recibir el fallo de la Corte, el Congreso deberá integrar una comisión de cinco legisladores, por sorteo, quienes deberán analizar el expediente sin un límite de tiempo específico y emitir una conclusión al pleno, cuyos miembros tendrán la palabra final.