El Congreso ecuatoriano aprobó ayer que el vicepresidente Jorge Glas sea investigado penalmente por corrupción en torno a un caso de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.
Glas es el funcionario de más alto rango del país que hasta ahora ha sido ligado a los escándalos de la compañía, que ha reconocido haber sobornado a diversas autoridades de Latinoamérica para beneficiarse con contratos públicos. En el caso de Ecuador, ha dicho que pagó coimas por $33.5 millones.
Con el voto unánime de los 128 legisladores presentes, del total de 137 que integran ese organismo, la Asamblea le retiró la inmunidad a Glas, para que la fiscalía empiece a investigar y le finque cargos en caso de encontrarle responsable.
El partido oficialista Alianza País apoyó que se indague al vicepresidente, pero la oposición protestó a gritos la falta de debate de este tema en el pleno legislativo.
El vicepresidente “ya tendrá la oportunidad de defenderse frente a la justicia y ya no frente a un linchamiento mediático y político”, declaró ante los medios el presidente del Congreso, José Serrano.
La fiscalía ha dicho que tiene una decena de elementos para presumir que Glas incurrió en el delito de asociación ilícita.
El vicepresidente, que ocupó el mismo cargo entre 2013 y 2017 acompañando al exmandatario Rafael Correa (2007-2017), ha negado las acusaciones y ha pedido que se presenten pruebas.
Las denuncias y sospechas de corrupción que desde hace dos años pesan sobre Glas, causaron la ruptura de relaciones con el presidente Lenín Moreno en agosto, luego de que se publicaran audios de un delator de Odebrecht en los que presuntamente se vinculaba al vicepresidente con actos ilícitos.
De inmediato, Moreno le quitó todas las funciones.
La trama de Odebrecht en Ecuador provocó en junio pasado la renuncia del contralor general Carlos Pólit, investigado por la fiscalía, mientras que el exministro de Electricidad Alecksey Mosquera, un tío del vicepresidente Glas y exgerentes de la empresa estatal Petroecuador están detenidos, entre otros procesados.
La fiscalía también revisa unos 30 contratos suscritos por esa firma con el Estado entre 1980 y 2015 para verificar las condiciones en que fueron otorgados.
El gobierno de Correa impulsó proyectos por alrededor de mil 600 millones de dólares con Odebrecht.
Por otro lado, el presidente Moreno dispuso que se contraten auditorías internacionales para supervisar cinco obras en el sector petrolífero sobre las que existen dudas sobre su calidad y sospechas de corrupción.
En un comunicado, el Ministerio de Hidrocarburos explicó que los estudios deben verificar los términos técnicos y financieros, entre otras obras, de la refinería de Esmeraldas, la más grande del país, y la del Pacífico, en fase preliminar de construcción. Precisó que estudios realizados por técnicos ecuatorianos “evidenciaron problemas de diversa índole que afectan a su operatividad”, por lo cual con la auditoría internacional se espera contar con un criterio técnico especializado que “de manera imparcial, establezca la situación de los proyectos”.
Un grupo de legisladores verificó que en las instalaciones de la refinería de Esmeraldas hay, por ejemplo, fisuras y que algunos equipos funcionan a temperaturas más altas de lo recomendado.