El Ministerio Público investiga 200 casos relacionados a posibles irregularidades en el manejo de fondos públicos a través de juntas comunales durante el periodo 2009-2014.
La lupa de los fiscales anticorrupción, por el momento, está en las juntas comunales de las provincias de Bocas del Toro, Coclé, Los Santos, Herrera, Chiriquí y Veraguas. Todos estos procesos se adelantan en el sistema penal acusatorio .
El fiscal anticorrupción Javier Mitre Burgos, por ejemplo, desde la sede de su despacho en Veraguas, ha entrevistado a exfuncionarios y funcionarios de las juntas comunales. Además ha efectuado inspecciones oculares, y solicitado documentación a los gobiernos locales bajo escrutinio.
Mitre Burgos también ha pedido información a distintos bancos del país. Por estas pesquisas aún no hay personas imputadas. Para formular cargos, la fiscalía debe tramitar el proceso ante un juez de garantías.
En febrero de 2018, el contralor Federico Humbert reveló que $247 millones fueron transferidos por diputados a las juntas comunales entre 2009 y 2014. Y dijo que tenía dudas de que el dinero entregado haya llegado a los verdaderos beneficiarios.